Corte Suprema permite a Trump deportar migrantes bajo la “Ley de Enemigos Extranjeros”

Donald Trump

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes al gobierno del presidente Donald Trump recurrir a la Ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua.

Pero el máximo tribunal dictamina que estos migrantes deben tener “la posibilidad de impugnar su expulsión”.

Además, señaló que los migrantes detenidos están confinados en Texas, por lo que la batalla legal contra su deportación se debe resolver ahí y no en un tribunal del Distrito de Columbia.

El Gobierno de EE.UU. argumentaba en su recurso que esta es una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.

El escrito del Gobierno también señalaba que la Constitución deja claro que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera indudable sobre el presidente y pide levantar el bloqueo judicial.

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 La Corte Suprema de EE. UU. permitió al gobierno de Trump recurrir a la «Ley de Enemigos Extranjeros» para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua.  

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Corte Suprema permite a Trump deportar migrantes bajo la “Ley de Enemigos Extranjeros”

La Corte Suprema de EE. UU. permitió al gobierno de Trump recurrir a la «Ley de Enemigos Extranjeros» para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua.

Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, se reúne con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu (no en la foto), en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, Estados Unidos, el 07 de abril de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)

La Corte Suprema de Estados Unidos permitió este lunes al gobierno del presidente Donald Trump recurrir a la Ley de enemigos extranjeros de 1798 para deportar a presuntos pandilleros venezolanos del Tren de Aragua.

Pero el máximo tribunal dictamina que estos migrantes deben tener “la posibilidad de impugnar su expulsión”.

Además, señaló que los migrantes detenidos están confinados en Texas, por lo que la batalla legal contra su deportación se debe resolver ahí y no en un tribunal del Distrito de Columbia.

El Gobierno de EE.UU. argumentaba en su recurso que esta es una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.

El escrito del Gobierno también señalaba que la Constitución deja claro que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera indudable sobre el presidente y pide levantar el bloqueo judicial.

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