Migrantes pagan en promedio Q800 en sobornos y “servicios sobrevalorados” para cruzar Guatemala
Un migrante debe pagar en promedio Q510 a la PNC para evitar ser retornado, según el informe. PNC afirma que agentes implicados han sido capturados.
Un informe determinó que los migrantes deben pagar el doble de pasaje para trasladarse en autobús hacia la capital desde Chiquimula. (Foto Prensa Libre: EFE).
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Aunque el Ministerio de Gobernación se pronunció el año pasado y aseguró que ha desarticulado estructuras de policías vinculados a abusos y extorsiones contra migrantes, el problema persiste en otras rutas, donde los migrantes pagan en promedio Q800 en sobornos, servicios y alimentos sobrevalorados, según una investigación de la entidad Cristosal.
Cristosal tiene presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, y su labor se centra en documentar el desplazamiento forzado interno por violencia generalizada, así como en la justicia transicional.
Un informe elaborado entre agosto del 2023 y octubre del 2024 fue presentado por dicha organización para describir los abusos que enfrentan los migrantes durante su paso por Guatemala rumbo a la frontera con México. En este se menciona que los migrantes pagan un promedio de Q510 en sobornos a las autoridades policiales.
Pavel Cataví, investigador que trabaja con Cristosal, indica que, mediante testimonios, se determinó que los migrantes pueden gastar entre Q600 y Q800 para cruzar Guatemala en un día, aunque depende de la forma en que lo hagan, debido a que los servicios y alimentos se les cobran al doble.
“Donde un pan con café a nosotros nos cuesta diez quetzales, a ellos les cuesta veinticinco dólares”, afirma.
Cataví refiere que, desde Esquipulas, Chiquimula, hacia la capital, los migrantes pagan Q210 en un bus pullman, y de la capital hacia Tecún Umán, San Marcos, pagan Q310. No obstante, recalcó que un guatemalteco paga en promedio Q110 desde Esquipulas hacia la capital y Q130 de la capital a Tecún Umán.
Esto, según el investigador, ocurre porque los migrantes en la provincia son vistos como un negocio.
Agregó que hay migrantes que prefieren evitar pagar el servicio de transporte, ya sea en bus o en taxi desde Esquipulas hacia la capital, con el fin de caminar y ahorrarse unos Q600, así como para evitar los retenes de la PNC. Sin embargo, siempre son interceptados en las carreteras, no solo por las autoridades, sino también por civiles que, de igual manera, les exigen dinero para dejarlos pasar.
Cataví indica que solo en el 2023 contabilizaron 14 retenes policiales en la ruta de Chiquimula a Guatemala; en cada uno les pedían desde Q20 hasta Q100 a los migrantes para dejarlos continuar. Incluso durante la recolección de testimonios, dijo que tuvieron confrontaciones con agentes policiales.
En el 2023, el Ministerio de Gobernación reconoció el problema y anunció la disolución de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la PNC, por lo que, según Cataví, el problema disminuyó considerablemente en la ruta de Esquipulas hacia la capital. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recogidos en noviembre del 2024, el problema persiste en la ruta de la capital hacia Tecún Umán, San Marcos, frontera con México.
“Durante la elaboración del informe se descubrió que había requisas arbitrarias. Hubo un migrante que dijo que era su tercer intento por llegar a Estados Unidos, porque ya tenía el dinero para pagar durante la ruta por Guatemala”, acotó.
La investigación también permitió identificar un cuarto oscuro en el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico. Esto se logró mediante los testimonios de las víctimas, quienes describieron el lugar como un “parqueo comedor”, donde eran despojadas de su dinero y donde mujeres y niñas eran agredidas sexualmente.
Por parte de la Inspectoría General de la PNC se afirmó que se han implementado acciones en conjunto con el Ministerio Público en las áreas donde se han reportado estos abusos, y han sido consignados 35 elementos de diferentes rangos jerárquicos. Las capturas se han efectuado en Chiquimula (6), Guatemala (28) e Izabal (1).
El subdirector de la Inspectoría General, Juan Carlos Rodas, refiere que los delitos cometidos contra migrantes son difíciles de investigar, debido a que las víctimas prefieren continuar su camino.
“Esos delitos solo se pueden combatir de manera flagrante, porque el migrante, a pesar de los abusos que recibe, prefiere seguir con su camino y no colabora con las acciones de justicia. Los casos de violación se han quedado impunes porque se rehúsan a dar declaraciones en el lugar”, señaló.
El jefe policial recordó que, en una ocasión, tuvieron que “rogar” a los migrantes para que dieran su declaración ante los peritos del MP.
Agregó que, mediante pruebas de confiabilidad como el polígrafo, se ha depurado y fortalecido la Dipafront, porque son los primeros en tener contacto con los migrantes.
En el 2024, entidades como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) ya conocían del problema y dieron a conocer que este tipo de abusos era constante en la frontera con Honduras, aunque no existían denuncias en el MP. Esto se debía a que las mujeres abusadas sexualmente prefirieron continuar su ruta hacia Estados Unidos, o porque las víctimas desconocían el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, al argumentar que sucedieron durante la noche, en lugares no iluminados, y no lograron observar bien el rostro de los agresores, quienes lo cubrían con gorros pasamontañas.
Un migrante debe pagar en promedio Q510 a la PNC para evitar ser retornado, según el informe. PNC afirma que agentes implicados han sido capturados.
Migrantes pagan en promedio Q800 en sobornos y “servicios sobrevalorados” para cruzar Guatemala
Un migrante debe pagar en promedio Q510 a la PNC para evitar ser retornado, según el informe. PNC afirma que agentes implicados han sido capturados.
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15:23h
Un informe determinó que los migrantes deben pagar el doble de pasaje para trasladarse en autobús hacia la capital desde Chiquimula. (Foto Prensa Libre: EFE).
Aunque el Ministerio de Gobernación se pronunció el año pasado y aseguró que ha desarticulado estructuras de policías vinculados a abusos y extorsiones contra migrantes, el problema persiste en otras rutas, donde los migrantes pagan en promedio Q800 en sobornos, servicios y alimentos sobrevalorados, según una investigación de la entidad Cristosal.
Cristosal tiene presencia en El Salvador, Honduras y Guatemala, y su labor se centra en documentar el desplazamiento forzado interno por violencia generalizada, así como en la justicia transicional.
Un informe elaborado entre agosto del 2023 y octubre del 2024 fue presentado por dicha organización para describir los abusos que enfrentan los migrantes durante su paso por Guatemala rumbo a la frontera con México. En este se menciona que los migrantes pagan un promedio de Q510 en sobornos a las autoridades policiales.
Pavel Cataví, investigador que trabaja con Cristosal, indica que, mediante testimonios, se determinó que los migrantes pueden gastar entre Q600 y Q800 para cruzar Guatemala en un día, aunque depende de la forma en que lo hagan, debido a que los servicios y alimentos se les cobran al doble.
“Donde un pan con café a nosotros nos cuesta diez quetzales, a ellos les cuesta veinticinco dólares”, afirma.
Cataví refiere que, desde Esquipulas, Chiquimula, hacia la capital, los migrantes pagan Q210 en un bus pullman, y de la capital hacia Tecún Umán, San Marcos, pagan Q310. No obstante, recalcó que un guatemalteco paga en promedio Q110 desde Esquipulas hacia la capital y Q130 de la capital a Tecún Umán.
Esto, según el investigador, ocurre porque los migrantes en la provincia son vistos como un negocio.
Agregó que hay migrantes que prefieren evitar pagar el servicio de transporte, ya sea en bus o en taxi desde Esquipulas hacia la capital, con el fin de caminar y ahorrarse unos Q600, así como para evitar los retenes de la PNC. Sin embargo, siempre son interceptados en las carreteras, no solo por las autoridades, sino también por civiles que, de igual manera, les exigen dinero para dejarlos pasar.
Cataví indica que solo en el 2023 contabilizaron 14 retenes policiales en la ruta de Chiquimula a Guatemala; en cada uno les pedían desde Q20 hasta Q100 a los migrantes para dejarlos continuar. Incluso durante la recolección de testimonios, dijo que tuvieron confrontaciones con agentes policiales.
En el 2023, el Ministerio de Gobernación reconoció el problema y anunció la disolución de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (Dipafront) de la PNC, por lo que, según Cataví, el problema disminuyó considerablemente en la ruta de Esquipulas hacia la capital. Sin embargo, de acuerdo con los testimonios recogidos en noviembre del 2024, el problema persiste en la ruta de la capital hacia Tecún Umán, San Marcos, frontera con México.
“Durante la elaboración del informe se descubrió que había requisas arbitrarias. Hubo un migrante que dijo que era su tercer intento por llegar a Estados Unidos, porque ya tenía el dinero para pagar durante la ruta por Guatemala”, acotó.
La investigación también permitió identificar un cuarto oscuro en el kilómetro 46 de la ruta al Atlántico. Esto se logró mediante los testimonios de las víctimas, quienes describieron el lugar como un “parqueo comedor”, donde eran despojadas de su dinero y donde mujeres y niñas eran agredidas sexualmente.
Por parte de la Inspectoría General de la PNC se afirmó que se han implementado acciones en conjunto con el Ministerio Público en las áreas donde se han reportado estos abusos, y han sido consignados 35 elementos de diferentes rangos jerárquicos. Las capturas se han efectuado en Chiquimula (6), Guatemala (28) e Izabal (1).
El subdirector de la Inspectoría General, Juan Carlos Rodas, refiere que los delitos cometidos contra migrantes son difíciles de investigar, debido a que las víctimas prefieren continuar su camino.
“Esos delitos solo se pueden combatir de manera flagrante, porque el migrante, a pesar de los abusos que recibe, prefiere seguir con su camino y no colabora con las acciones de justicia. Los casos de violación se han quedado impunes porque se rehúsan a dar declaraciones en el lugar”, señaló.
El jefe policial recordó que, en una ocasión, tuvieron que “rogar” a los migrantes para que dieran su declaración ante los peritos del MP.
Agregó que, mediante pruebas de confiabilidad como el polígrafo, se ha depurado y fortalecido la Dipafront, porque son los primeros en tener contacto con los migrantes.
En el 2024, entidades como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) ya conocían del problema y dieron a conocer que este tipo de abusos era constante en la frontera con Honduras, aunque no existían denuncias en el MP. Esto se debía a que las mujeres abusadas sexualmente prefirieron continuar su ruta hacia Estados Unidos, o porque las víctimas desconocían el lugar exacto donde ocurrieron los hechos, al argumentar que sucedieron durante la noche, en lugares no iluminados, y no lograron observar bien el rostro de los agresores, quienes lo cubrían con gorros pasamontañas.
ESCRITO POR:
José Manuel Patzán
Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad, con 18 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo. Reconocido con el premio Periodista del Año de Prensa Libre en 2016.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
