Ministerio de Salud evalúa la cancelación del convenio con Unops

Comunitario

Ministerio de Salud evalúa la cancelación del convenio con Unops

El convenio que el Ministerio de Salud firmó con Unops para abastecimiento de medicamentos y equipo médico podría tener los días contados, pues las autoridades analizan su continuidad.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, asiste a una citación con diputados del bloque VOS, donde afirma que evaluará con el equipo legal de la cartera la cancelación del convenio con Unops. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytán)


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Joaquín Barnoya, ministro de Salud, evalúa con el equipo legal de la cartera la cancelación del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), luego de que el lunes pasado la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) emitió una medida cautelar para frenar los pagos acordados.

Durante una citación con la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), en la que se cuestionaron inconvenientes con el convenio, el diputado Orlando Blanco cuestionó a Barnoya sobre la conveniencia de cancelar el acuerdo. El ministro respondió que eso es lo que “está analizando el equipo legal”, en coordinación con la agencia internacional, a la que no se le adeudan pagos, y enfatizó que no se hará un segundo desembolso.

Cabe recordar que el convenio fue firmado el 30 de abril del 2024, por un período de 47 meses y un monto de US$93.9 millones, con el objetivo de abastecer de medicamentos y tecnologías médicas a los servicios de la red pública.

Barnoya aclaró que en el marco del convenio únicamente se realizó un pago de Q250 millones, con el cual ya se recibieron los medicamentos y equipos incluidos en ese monto.

Los desembolsos debían ser anuales. En el primer año se pagarían US$110 millones; sin embargo, solo se entregaron Q250 millones, con los que se adquirieron 312 equipos para 10 hospitales y 75 tipos de medicamentos, equivalentes a unas 4.8 millones de unidades, según el Ministerio de Salud.

El segundo pago debía efectuarse en el segundo año por US$275 millones, y una cantidad similar en el 2026. Para el último año se proyectaba una entrega de US$283.4 millones. Estos pagos a Unops están en suspenso, al igual que las modificaciones que Barnoya esperaba hacer al convenio para equipar la red integrada de servicios de salud y adquirir medicamentos de alto costo para el cáncer y enfermedades crónicas, como indicó la semana pasada en entrevista a Prensa Libre.

El ministro aseguró que Unops es solo un mecanismo más para abastecer al Ministerio de Salud, que también realiza adquisiciones por medio de Comisca, el UNFPA y la OPS/OMS.

“Se tiene que garantizar el abastecimiento del sistema con o sin Unops”, agregó, aunque reconoció que la adquisición de equipo sí se vería afectada sin la intervención de la agencia de Naciones Unidas.

A criterio del diputado José Chic, es cuestionable el equipamiento de los servicios de salud, ya que, a través de este mecanismo, únicamente se ha beneficiado a 10 hospitales.

En cuanto a los medicamentos, María del Rosario Orozco García, viceministra de Hospitales, indicó que la red hospitalaria está abastecida en un 90%, y en el caso del material médico quirúrgico y los suministros de laboratorio, en un 80%.

El diputado Orlando Blanco afirmó que los señalamientos al sistema de compras de Unops trascienden el ataque al Gobierno, pues también hay intereses económicos, principalmente de las farmacéuticas, cuyo objetivo sería “obligar” al sistema de salud pública a adquirir medicamentos a quienes dominan el mercado, lo que ha sido un negocio en gobiernos anteriores.

Durante la citación también se expuso que no solo se trata de abastecer los servicios, sino de mejorar la infraestructura. Se citó el caso del Hospital San Juan de Dios, donde algunas áreas se inundaron semanas atrás por las lluvias.

En ese punto, Chic instó a las autoridades a sustituir a los directores de hospitales con base en evaluaciones de desempeño, y no de forma discrecional.

“La mayoría de la población está desesperada; quien no tiene seguro está condenado a acudir al sistema de salud, donde cuesta recibir atención y no hay medicamentos. ¿Cuántos guatemaltecos han visto afectada su calidad de vida?”, dijo el diputado Jairo Flores, quien consideró urgente reiniciar el sistema de salud.

Fondos para cáncer

En la citación se cuestionó a las autoridades el uso de fondos destinados a pacientes oncológicos en gastos como pachones, camisetas, gorras, alimentación, capacitaciones y otros servicios.

Solo en la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta Verapaz se realizaron 16 mantenimientos de vehículos con recursos amparados en la Ley de Atención Integral del Cáncer (Decreto 7-2024), aunque ninguno de estos se utiliza para trasladar a enfermos a la capital.

Barnoya afirmó que el abordaje del cáncer es complejo y no se limita al tratamiento, sino que incluye diagnóstico, prevención y educación. Sin embargo, las autoridades no supieron justificar esos gastos.

Actualmente, 23 hospitales de la red cuentan con presupuesto para atender a pacientes oncológicos, pero solo tres disponen de medicamentos para aplicar quimioterapias: Roosevelt, San Juan de Dios y Regional de Occidente.

Respecto del retraso en la creación del reglamento de la ley, Barnoya señaló que el documento está en la Procuraduría General de la Nación (PGN) y debe ser reenviado al ministerio.

Amparos

Durante la citación, los diputados de VOS indicaron que el Ministerio de Salud debe comprar 22 medicamentos para cumplir con amparos para asegurar el suministro. Trece de estos procesos se realizaron en la actual administración.

Barnoya calificó esta situación como un “lastre” para el sistema público y explicó que esta práctica comenzó en el IGSS, donde se “obliga” a proporcionar un medicamento específico a un paciente en tratamiento.

Ni el encargado de Asuntos Internos ni la Subdirección Jurídica supieron identificar a las empresas beneficiadas por estos amparos, ni el momento en que se realizaron las compras. Entre los medicamentos mencionados están naglazyme y nivolumab.

La mayoría de estos fármacos se suministran a pacientes individuales, en su mayoría menores de edad con enfermedades genéticas.

Embargo

El miércoles pasado, un juez penal ordenó el embargo del 35% del salario del ministro Barnoya, como parte del caso Unops-Corrupción Presidencial.

Al respecto, el funcionario declaró en conferencia de prensa que hasta este jueves no había sido notificado oficialmente, y que, por su cargo, goza de inmunidad. Añadió que el equipo legal del ministerio “tomará las acciones pertinentes”.

 El convenio que el Ministerio de Salud firmó con Unops para abastecimiento de medicamentos y equipo médico podría tener los días contados, pues las autoridades analizan su continuidad.  

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Ministerio de Salud evalúa la cancelación del convenio con Unops

El convenio que el Ministerio de Salud firmó con Unops para abastecimiento de medicamentos y equipo médico podría tener los días contados, pues las autoridades analizan su continuidad.

El ministro de Salud, Joaquín Barnoya, asiste a una citación con diputados del bloque VOS, donde afirma que evaluará con el equipo legal de la cartera la cancelación del convenio con Unops. (Foto Prensa Libre: María Reneé Barrientos Gaytán)

Joaquín Barnoya, ministro de Salud, evalúa con el equipo legal de la cartera la cancelación del convenio con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops), luego de que el lunes pasado la Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) emitió una medida cautelar para frenar los pagos acordados.

Durante una citación con la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), en la que se cuestionaron inconvenientes con el convenio, el diputado Orlando Blanco cuestionó a Barnoya sobre la conveniencia de cancelar el acuerdo. El ministro respondió que eso es lo que «está analizando el equipo legal», en coordinación con la agencia internacional, a la que no se le adeudan pagos, y enfatizó que no se hará un segundo desembolso.

Cabe recordar que el convenio fue firmado el 30 de abril del 2024, por un período de 47 meses y un monto de US$93.9 millones, con el objetivo de abastecer de medicamentos y tecnologías médicas a los servicios de la red pública.

Barnoya aclaró que en el marco del convenio únicamente se realizó un pago de Q250 millones, con el cual ya se recibieron los medicamentos y equipos incluidos en ese monto.

Los desembolsos debían ser anuales. En el primer año se pagarían US$110 millones; sin embargo, solo se entregaron Q250 millones, con los que se adquirieron 312 equipos para 10 hospitales y 75 tipos de medicamentos, equivalentes a unas 4.8 millones de unidades, según el Ministerio de Salud.

El segundo pago debía efectuarse en el segundo año por US$275 millones, y una cantidad similar en el 2026. Para el último año se proyectaba una entrega de US$283.4 millones. Estos pagos a Unops están en suspenso, al igual que las modificaciones que Barnoya esperaba hacer al convenio para equipar la red integrada de servicios de salud y adquirir medicamentos de alto costo para el cáncer y enfermedades crónicas, como indicó la semana pasada en entrevista a Prensa Libre.

El ministro aseguró que Unops es solo un mecanismo más para abastecer al Ministerio de Salud, que también realiza adquisiciones por medio de Comisca, el UNFPA y la OPS/OMS.

“Se tiene que garantizar el abastecimiento del sistema con o sin Unops”, agregó, aunque reconoció que la adquisición de equipo sí se vería afectada sin la intervención de la agencia de Naciones Unidas.

A criterio del diputado José Chic, es cuestionable el equipamiento de los servicios de salud, ya que, a través de este mecanismo, únicamente se ha beneficiado a 10 hospitales.

En cuanto a los medicamentos, María del Rosario Orozco García, viceministra de Hospitales, indicó que la red hospitalaria está abastecida en un 90%, y en el caso del material médico quirúrgico y los suministros de laboratorio, en un 80%.

El diputado Orlando Blanco afirmó que los señalamientos al sistema de compras de Unops trascienden el ataque al Gobierno, pues también hay intereses económicos, principalmente de las farmacéuticas, cuyo objetivo sería “obligar” al sistema de salud pública a adquirir medicamentos a quienes dominan el mercado, lo que ha sido un negocio en gobiernos anteriores.

Durante la citación también se expuso que no solo se trata de abastecer los servicios, sino de mejorar la infraestructura. Se citó el caso del Hospital San Juan de Dios, donde algunas áreas se inundaron semanas atrás por las lluvias.

En ese punto, Chic instó a las autoridades a sustituir a los directores de hospitales con base en evaluaciones de desempeño, y no de forma discrecional.

“La mayoría de la población está desesperada; quien no tiene seguro está condenado a acudir al sistema de salud, donde cuesta recibir atención y no hay medicamentos. ¿Cuántos guatemaltecos han visto afectada su calidad de vida?”, dijo el diputado Jairo Flores, quien consideró urgente reiniciar el sistema de salud.

Fondos para cáncer

En la citación se cuestionó a las autoridades el uso de fondos destinados a pacientes oncológicos en gastos como pachones, camisetas, gorras, alimentación, capacitaciones y otros servicios.

Solo en la Dirección de Redes Integradas de Servicios de Salud de Alta Verapaz se realizaron 16 mantenimientos de vehículos con recursos amparados en la Ley de Atención Integral del Cáncer (Decreto 7-2024), aunque ninguno de estos se utiliza para trasladar a enfermos a la capital.

Barnoya afirmó que el abordaje del cáncer es complejo y no se limita al tratamiento, sino que incluye diagnóstico, prevención y educación. Sin embargo, las autoridades no supieron justificar esos gastos.

Actualmente, 23 hospitales de la red cuentan con presupuesto para atender a pacientes oncológicos, pero solo tres disponen de medicamentos para aplicar quimioterapias: Roosevelt, San Juan de Dios y Regional de Occidente.

Respecto del retraso en la creación del reglamento de la ley, Barnoya señaló que el documento está en la Procuraduría General de la Nación (PGN) y debe ser reenviado al ministerio.

Amparos

Durante la citación, los diputados de VOS indicaron que el Ministerio de Salud debe comprar 22 medicamentos para cumplir con amparos para asegurar el suministro. Trece de estos procesos se realizaron en la actual administración.

Barnoya calificó esta situación como un “lastre” para el sistema público y explicó que esta práctica comenzó en el IGSS, donde se “obliga” a proporcionar un medicamento específico a un paciente en tratamiento.

Ni el encargado de Asuntos Internos ni la Subdirección Jurídica supieron identificar a las empresas beneficiadas por estos amparos, ni el momento en que se realizaron las compras. Entre los medicamentos mencionados están naglazyme y nivolumab.

La mayoría de estos fármacos se suministran a pacientes individuales, en su mayoría menores de edad con enfermedades genéticas.

Embargo

El miércoles pasado, un juez penal ordenó el embargo del 35% del salario del ministro Barnoya, como parte del caso Unops-Corrupción Presidencial.

Al respecto, el funcionario declaró en conferencia de prensa que hasta este jueves no había sido notificado oficialmente, y que, por su cargo, goza de inmunidad. Añadió que el equipo legal del ministerio “tomará las acciones pertinentes”.

ESCRITO POR:

Ana Lucía Ola

Periodista de Prensa Libre especializada en temas comunitarios, con énfasis en Salud y Educación, con 17 años de experiencia. Reconocida con el Premio de Prensa Libre en categoría Reportaje, en 2019. Premio de la UPANA por Informar a la población guatemalteca sobre la realidad en nutrición y desnutrición en el país, en 2019. Diplomado El periodismo en la era digital como agente y líder de la transformación digital impartido por el Tecnológico de Monterrey.

 Prensa Libre | Guatemala

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