Caso Transurbano: juez Mario Hichos cierra proceso contra Luis Gómez y descalifica investigación del MP

Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, durante una audiencia del caso Transurbano. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Justicia

Caso Transurbano: juez Mario Hichos cierra proceso contra Luis Gómez y descalifica investigación del MP

El juez Mario Hichos cerró el proceso penal contra Luis Gómez por el caso Transurbano, al dictar sobreseimiento por deficiencias en la investigación del Ministerio Público.

Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, durante una audiencia del caso Transurbano. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, durante una audiencia del caso Transurbano. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa) 


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El proceso penal en el caso Transurbano, en contra del exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Gómez, fue sobreseído por el juez Mario Hichos.

El juez Hichos, titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, dictó este viernes 20 de junio el sobreseimiento y cerró el caso a favor de Luis Gómez por el caso Transurbano, según informaron fuentes judiciales.

Hichos señaló deficiencias en la investigación del Ministerio Público (MP) al momento de conocerse el caso.

En este proceso, Gómez era señalado por los delitos de peculado, lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita, en el expediente relacionado con la implementación del sistema prepago para autobuses del Transurbano.

Durante la audiencia, el juez enfatizó que, de los 1,400 medios de investigación presentados, menos de 10 documentos hacían referencia directa al acusado. Además, señaló que no se pudo acreditar que Gómez hubiera sido representante legal ni firmante de documentos comprometedores, siendo únicamente posible establecer que ocupó el cargo de vicepresidente.

Hichos enfatizó que su decisión de sobreseer el caso no implica exculpar al acusado, sino que refleja la ineficiencia del Ministerio Público, que no cumplió con su función constitucional de investigar. Mencionó que, desde diciembre, se emitió un certificado conducente y, siete meses después, no se ha realizado ninguna acción.

En su argumentación, el juez responsabilizó directamente al Ministerio Público por lo que calificó como investigaciones sesgadas, que han generado un limbo judicial para los procesados. Si bien aclaró que no se refería específicamente a la actual administración del ente acusador, advirtió que, si no se toman las acciones pertinentes, podrían enfrentarse consecuencias legales derivadas de este sobreseimiento.

Como resultado de esta resolución judicial, se ordenó el cese inmediato de todas las medidas de coerción impuestas previamente contra Gómez, al considerar que no se materializan los presupuestos establecidos en el artículo 328 del Código Procesal Penal para mantenerlas vigentes.

Críticas

El juez señaló que el ciudadano común tiene razón al criticar lo que denomina pacto de corruptos en el sistema judicial. Destacó la inconsistencia en las solicitudes de reparación digna por parte de la Procuraduría General de la Nación, al citar dos casos contrastantes: uno en el que solicitaron apenas Q15 mil en un proceso valorado en aproximadamente Q60 millones, mientras que exigieron Q198 mil a un joven homosexual con VIH y de escasos recursos.

Estableció un plazo de 30 días para que el Ministerio Público informe si existen o no elementos de convicción en el caso. Advirtió que, si no recibe información en ese periodo, certificará lo conducente al fiscal encargado, lo que podría implicar un posible incumplimiento de deberes.

Se consultó al MP sobre lo dicho por el juez Hichos, pero aún no responden.

Detalles del caso

Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el 3 de abril de 2009, durante la administración de Álvaro Colom, el Ministerio de Finanzas envió a la Secretaría General el Proyecto de Acuerdo Gubernativo 103-2009, que facultaba al Estado otorgar Q270 millones a la AEAU para el sistema prepago, el cual fue aprobado ese mismo día.

Las pesquisas señalaban que miembros de la junta directiva de la AEAU constituyeron cuatro sociedades anónimas para captar los recursos asignados.

El juez criticó que el Ministerio Público intentó sepultarlo con documentación excesiva —50 mil folios—, sin justificar adecuadamente sus acusaciones, lo que finalmente lo llevó a emitir la resolución de sobreseimiento a favor de Gómez por los tres tipos penales imputados.

 El juez Mario Hichos cerró el proceso penal contra Luis Gómez por el caso Transurbano, al dictar sobreseimiento por deficiencias en la investigación del Ministerio Público.  

Justicia

Caso Transurbano: juez Mario Hichos cierra proceso contra Luis Gómez y descalifica investigación del MP

El juez Mario Hichos cerró el proceso penal contra Luis Gómez por el caso Transurbano, al dictar sobreseimiento por deficiencias en la investigación del Ministerio Público.

Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, durante una audiencia del caso Transurbano. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa)

Luis Gómez, exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos, durante una audiencia del caso Transurbano. (Foto Prensa Libre: Carlos Ochoa) 

El proceso penal en el caso Transurbano, en contra del exvicepresidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Urbanos (AEAU), Luis Gómez, fue sobreseído por el juez Mario Hichos.

El juez Hichos, titular del Juzgado Segundo de Primera Instancia Penal, dictó este viernes 20 de junio el sobreseimiento y cerró el caso a favor de Luis Gómez por el caso Transurbano, según informaron fuentes judiciales.

Hichos señaló deficiencias en la investigación del Ministerio Público (MP) al momento de conocerse el caso.

En este proceso, Gómez era señalado por los delitos de peculado, lavado de dinero u otros activos, y asociación ilícita, en el expediente relacionado con la implementación del sistema prepago para autobuses del Transurbano.

Durante la audiencia, el juez enfatizó que, de los 1,400 medios de investigación presentados, menos de 10 documentos hacían referencia directa al acusado. Además, señaló que no se pudo acreditar que Gómez hubiera sido representante legal ni firmante de documentos comprometedores, siendo únicamente posible establecer que ocupó el cargo de vicepresidente.

Hichos enfatizó que su decisión de sobreseer el caso no implica exculpar al acusado, sino que refleja la ineficiencia del Ministerio Público, que no cumplió con su función constitucional de investigar. Mencionó que, desde diciembre, se emitió un certificado conducente y, siete meses después, no se ha realizado ninguna acción.

En su argumentación, el juez responsabilizó directamente al Ministerio Público por lo que calificó como investigaciones sesgadas, que han generado un limbo judicial para los procesados. Si bien aclaró que no se refería específicamente a la actual administración del ente acusador, advirtió que, si no se toman las acciones pertinentes, podrían enfrentarse consecuencias legales derivadas de este sobreseimiento.

Como resultado de esta resolución judicial, se ordenó el cese inmediato de todas las medidas de coerción impuestas previamente contra Gómez, al considerar que no se materializan los presupuestos establecidos en el artículo 328 del Código Procesal Penal para mantenerlas vigentes.

Críticas

El juez señaló que el ciudadano común tiene razón al criticar lo que denomina pacto de corruptos en el sistema judicial. Destacó la inconsistencia en las solicitudes de reparación digna por parte de la Procuraduría General de la Nación, al citar dos casos contrastantes: uno en el que solicitaron apenas Q15 mil en un proceso valorado en aproximadamente Q60 millones, mientras que exigieron Q198 mil a un joven homosexual con VIH y de escasos recursos.

Estableció un plazo de 30 días para que el Ministerio Público informe si existen o no elementos de convicción en el caso. Advirtió que, si no recibe información en ese periodo, certificará lo conducente al fiscal encargado, lo que podría implicar un posible incumplimiento de deberes.

Se consultó al MP sobre lo dicho por el juez Hichos, pero aún no responden.

Detalles del caso

Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) y la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el 3 de abril de 2009, durante la administración de Álvaro Colom, el Ministerio de Finanzas envió a la Secretaría General el Proyecto de Acuerdo Gubernativo 103-2009, que facultaba al Estado otorgar Q270 millones a la AEAU para el sistema prepago, el cual fue aprobado ese mismo día.

Las pesquisas señalaban que miembros de la junta directiva de la AEAU constituyeron cuatro sociedades anónimas para captar los recursos asignados.

El juez criticó que el Ministerio Público intentó sepultarlo con documentación excesiva —50 mil folios—, sin justificar adecuadamente sus acusaciones, lo que finalmente lo llevó a emitir la resolución de sobreseimiento a favor de Gómez por los tres tipos penales imputados.

ESCRITO POR:
César Pérez Marroquín
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.
Elmer Vargas
Periodista de Guatevisión asignado a temas de Seguridad y Justicia, con experiencia de cuatro años en fotografía y en coberturas periodísticas.

 Prensa Libre | Guatemala

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