Familiares y socios de guatemaltecos sancionados por narcotráfico perderán la visa para EE. UU.
El secretario de Estado Marco Rubio anunció la restricción de visas para familiares, socios personales y comerciales de sancionados por narcotráfico. El objetivo es bloquear los bienes y restringir las operaciones financieras de personas o entidades extranjeras vinculadas con prácticas corruptas o narcotráfico.
Un jet fue localizado por elementos del Ejército de Guatemala en un área de San Andrés, Petén, luego de un enfrentamiento con narcotraficantes en diciembre del 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
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El Gobierno de Estados Unidos implementará nuevas restricciones de visa dirigidas a familiares y socios cercanos de individuos sancionados por actividades relacionadas con el narcotráfico, en el marco de la Orden Ejecutiva 14059. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de la red social X.
La iniciativa amplía el alcance de las disposiciones establecidas en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, con el objetivo de impedir el ingreso al país de quienes mantengan vínculos personales o comerciales con personas implicadas en el tráfico de sustancias controladas.
“Anuncio una nueva política de restricción de visas para familiares y socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a nuestro país”, expresó Rubio en la red social X.
Un comunicado del Departamento de Estado sobre la nueva política explica que “la imposición de restricciones de visados a los traficantes de drogas, sus familiares y asociados personales y comerciales cercanos no solo les impedirá ingresar a Estados Unidos, sino que servirá también para disuadirles de continuar con actividades ilícitas”.
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó en febrero de 2024 a la organización de tráfico de drogas “Los Pochos”, con operaciones en el municipio de Ayutla, en San Marcos, fronterizo con México. El grupo, con conexiones con el Cártel de Sinaloa, operó bajo la dirección de Erik Súñiga Rodríguez, alcalde de Ayutla.
En enero de 2024, Morales alias “Pancho” aceptó afrontar a la justicia estadounidense por tráfico de cocaína.
Rodríguez falleció por cáncer, en abril de 2020, mientras cumplía una condena en Estados Unidos pero el grupo siguió activo, de acuerdo con informes de Estados Unidos. La sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) hacia “Los Pochos” alcanzó al menos a seis personas, entre ellas la hija del exalcalde fallecido, Isel Súñiga y su esposo Juan José Morales Cifuentes.
La orden ejecutiva fue firmada por el presidente Joe Biden el 15 de diciembre de 2021 y establece sanciones financieras y migratorias contra personas extranjeras involucradas en el comercio global de estupefacientes, con especial énfasis en el fentanilo, cuya distribución ha provocado más de 100 mil muertes por sobredosis en ese país, según estimaciones oficiales.
Los vínculos entre el narcotráfico y la política han sido una constante en la última década, de acuerdo con los requerimientos de extradición de Estados Unidos. En lo que va del año, el Ministerio de Gobernación ha reportado la captura de 16 extraditables por delitos relacionados con el trasiego de drogas, entre ellos el exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Romeo Ramos.
La amenaza del fentanilo
El medio de Comunicación El Excelsior indicó que El Departamento de Estado calificó la crisis del fentanilo como una emergencia sin precedentes. De acuerdo con las estadísticas, las sobredosis representan la principal causa de fallecimiento entre ciudadanos estadounidenses de 18 a 44 años, con un promedio diario de más de 220 decesos. Además, se calcula que más del 40% de la población conoce a alguien que ha perdido la vida por esta causa.
La Orden Ejecutiva 14059, emitida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 15 de diciembre de 2021, busca combatir la corrupción y el crimen organizado a escala global. Su principal objetivo es bloquear los bienes y restringir las operaciones financieras de personas o entidades extranjeras involucradas en prácticas corruptas, violaciones graves de derechos humanos, tráfico de drogas u otras actividades ilícitas que amenacen la estabilidad de los sistemas políticos o financieros internacionales.
La orden autoriza al Departamento del Tesoro de EE. UU., específicamente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a identificar y sancionar a individuos y organizaciones vinculadas con estas actividades. Una vez designados, sus activos bajo jurisdicción estadounidense son congelados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con ellos. Esta disposición afecta a funcionarios públicos, empresarios y redes criminales de países como Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Rusia, entre otros.
El gobierno estadounidense ha señalado a políticos, empresarios, funcionarios y otros ciudadanos de favorecer la corrupción y socavar la democracia, por lo que les ha cancelado visas, entre otras medidas. Entre 2021 y 2024, 359 guatemaltecos fueron sancionados por Estados Unidos, señalados de incurrir o respaldar actos de corrupción y de colaborar, supuestamente, con quienes buscan debilitar la democracia.
El secretario de Estado Marco Rubio anunció la restricción de visas para familiares, socios personales y comerciales de sancionados por narcotráfico. El objetivo es bloquear los bienes y restringir las operaciones financieras de personas o entidades extranjeras vinculadas con prácticas corruptas o narcotráfico.
Familiares y socios de guatemaltecos sancionados por narcotráfico perderán la visa para EE. UU.
El secretario de Estado Marco Rubio anunció la restricción de visas para familiares, socios personales y comerciales de sancionados por narcotráfico. El objetivo es bloquear los bienes y restringir las operaciones financieras de personas o entidades extranjeras vinculadas con prácticas corruptas o narcotráfico.
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Un jet fue localizado por elementos del Ejército de Guatemala en un área de San Andrés, Petén, luego de un enfrentamiento con narcotraficantes en diciembre del 2019. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)
El Gobierno de Estados Unidos implementará nuevas restricciones de visa dirigidas a familiares y socios cercanos de individuos sancionados por actividades relacionadas con el narcotráfico, en el marco de la Orden Ejecutiva 14059. El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, a través de la red social X.
La iniciativa amplía el alcance de las disposiciones establecidas en la sección 212 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, con el objetivo de impedir el ingreso al país de quienes mantengan vínculos personales o comerciales con personas implicadas en el tráfico de sustancias controladas.
“Anuncio una nueva política de restricción de visas para familiares y socios personales y comerciales cercanos de personas sancionadas bajo la Orden Ejecutiva 14059. Utilizaremos todas las herramientas necesarias para disuadir y desmantelar el flujo de fentanilo y otras drogas mortales que ingresan a nuestro país”, expresó Rubio en la red social X.
Un comunicado del Departamento de Estado sobre la nueva política explica que «la imposición de restricciones de visados a los traficantes de drogas, sus familiares y asociados personales y comerciales cercanos no solo les impedirá ingresar a Estados Unidos, sino que servirá también para disuadirles de continuar con actividades ilícitas».
El Departamento del Tesoro de EE. UU. sancionó en febrero de 2024 a la organización de tráfico de drogas «Los Pochos», con operaciones en el municipio de Ayutla, en San Marcos, fronterizo con México. El grupo, con conexiones con el Cártel de Sinaloa, operó bajo la dirección de Erik Súñiga Rodríguez, alcalde de Ayutla.
En enero de 2024, Morales alias «Pancho» aceptó afrontar a la justicia estadounidense por tráfico de cocaína.
Rodríguez falleció por cáncer, en abril de 2020, mientras cumplía una condena en Estados Unidos pero el grupo siguió activo, de acuerdo con informes de Estados Unidos. La sanción de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) hacia «Los Pochos» alcanzó al menos a seis personas, entre ellas la hija del exalcalde fallecido, Isel Súñiga y su esposo Juan José Morales Cifuentes.
La orden ejecutiva fue firmada por el presidente Joe Biden el 15 de diciembre de 2021 y establece sanciones financieras y migratorias contra personas extranjeras involucradas en el comercio global de estupefacientes, con especial énfasis en el fentanilo, cuya distribución ha provocado más de 100 mil muertes por sobredosis en ese país, según estimaciones oficiales.
Los vínculos entre el narcotráfico y la política han sido una constante en la última década, de acuerdo con los requerimientos de extradición de Estados Unidos. En lo que va del año, el Ministerio de Gobernación ha reportado la captura de 16 extraditables por delitos relacionados con el trasiego de drogas, entre ellos el exalcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Romeo Ramos.
La amenaza del fentanilo
El medio de Comunicación El Excelsior indicó que El Departamento de Estado calificó la crisis del fentanilo como una emergencia sin precedentes. De acuerdo con las estadísticas, las sobredosis representan la principal causa de fallecimiento entre ciudadanos estadounidenses de 18 a 44 años, con un promedio diario de más de 220 decesos. Además, se calcula que más del 40% de la población conoce a alguien que ha perdido la vida por esta causa.
La Orden Ejecutiva 14059, emitida por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el 15 de diciembre de 2021, busca combatir la corrupción y el crimen organizado a escala global. Su principal objetivo es bloquear los bienes y restringir las operaciones financieras de personas o entidades extranjeras involucradas en prácticas corruptas, violaciones graves de derechos humanos, tráfico de drogas u otras actividades ilícitas que amenacen la estabilidad de los sistemas políticos o financieros internacionales.
La orden autoriza al Departamento del Tesoro de EE. UU., específicamente a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), a identificar y sancionar a individuos y organizaciones vinculadas con estas actividades. Una vez designados, sus activos bajo jurisdicción estadounidense son congelados, y se prohíbe a ciudadanos y empresas estadounidenses hacer negocios con ellos. Esta disposición afecta a funcionarios públicos, empresarios y redes criminales de países como Venezuela, Guatemala, Nicaragua, Rusia, entre otros.
El gobierno estadounidense ha señalado a políticos, empresarios, funcionarios y otros ciudadanos de favorecer la corrupción y socavar la democracia, por lo que les ha cancelado visas, entre otras medidas. Entre 2021 y 2024, 359 guatemaltecos fueron sancionados por Estados Unidos, señalados de incurrir o respaldar actos de corrupción y de colaborar, supuestamente, con quienes buscan debilitar la democracia.
ESCRITO POR:
José Manuel Patzán
Periodista de Prensa Libre especializado en temas de seguridad, con 18 años de experiencia en periodismo escrito, radial y televisivo. Reconocido con el premio Periodista del Año de Prensa Libre en 2016.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
