Falta de acuerdos en el Congreso frena la Superintendencia de Competencia por tiempo indefinido
La CC recibió una acción de amparo que busca que se ordene a los diputados cumplir con la elección e integrar el directorio de competencia, cuyo plazo venció el pasado 23 de junio.
La elección de los directores para la Superintendencia de Competencia ha sido programado en dos ocasiones en el Congreso, pero la falta de acuerdos impide los nombramientos. (Foto Prensa Libre.: HemerotecaPL)
Foto:
La falta de acuerdos mantiene estancada, por tiempo indefinido, la nueva Superintendencia de Competencia. El pleno del Congreso fue la única instancia que no respetó los plazos, y ahora existe una acción legal que busca ordenarle a los diputados cumplir con sus obligaciones.
El 20 de noviembre del año pasado, el Congreso aprobó con carácter de urgencia nacional la Ley de Competencia, normativa que estipula la creación de la Superintendencia de Competencia, cuyo fin será investigar y sancionar prácticas anticompetitivas en el mercado.
Este órgano estará integrado por tres directores titulares y tres suplentes, electos por tres instancias: el presidente en Consejo de Ministros, el pleno del Congreso y la Junta Monetaria.
La normativa fijaba como fecha límite para integrar este directorio el 23 de junio pasado. Sin embargo, los diputados fueron los únicos que no respetaron el plazo, lo que mantiene bloqueada esta nueva entidad del Estado.
La organización Acción Ciudadana presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo que busca obligar a los diputados a sesionar y elegir a sus dos representantes. Hasta el momento, no se ha fijado fecha para que el pleno constitucional conozca el recurso.
No sería la primera vez que los diputados reciben órdenes judiciales para cumplir con sus obligaciones, según antecedentes recientes del Congreso.
Fue mediante orden judicial que los diputados eligieron magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para concluir el período 2019-2024; también fueron obligados a cambiar la Junta Directiva electa en el 2020, y actualmente está vigente un amparo que les exige agotar varios puntos de una agenda legislativa inconclusa.
URGENTE
presentó el día de hoy amparo en contra del Congreso de la República por incumplir el plazo para designar a directores (titular y suplente) para Superintendencia de… pic.twitter.com/jKsA31c4wB
— Accion Ciudadana (@AcGuatemala) June 25, 2025
Discurso
Los diputados han utilizado la Ley de Competencia para justificar su escaso trabajo, según Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, quien promovió el amparo por la desintegración de la Superintendencia de Competencia.
“El Congreso aprueba leyes que publicita propagandísticamente para legitimar su trabajo, pero en la práctica vemos que no les importa el cumplimiento de esas normas que ellos mismos aprueban”, señaló Marroquín.
Agregó que la Ley de Competencia ha servido para que diputados y autoridades de gobierno promocionen resultados positivos; sin embargo, la falta de acuerdos y los retrasos en los nombramientos no respaldan ese discurso.
“La Ley de Competencia fue prácticamente un intercambio para que se pudiera aprobar el presupuesto del 2025. Es más, esta ley se aprobó de urgencia nacional. Como que solo les interesaba hacer ruido, aparentar que hacían algo importante, pero en la práctica no contribuyen a que esta entidad ayude a los ciudadanos. Fue solo discurso”, añadió Marroquín.
Con el amparo, el fundador de Acción Ciudadana espera que se fije un plazo para que los diputados cumplan con la elección, algo que ya ha sido habitual con otras tareas que han dejado de lado. “Contradicen todo el discurso de que la ley era prioridad y que se iba a romper la captura de los mercados”.
Divisiones
Para la organización Guatemala Visible, que ha dado seguimiento al proceso de integración de dicha superintendencia, en el Legislativo prevalece la falta de acuerdos.
“La Comisión de Economía del Congreso tuvo un proceso bastante ordenado y siguió los plazos, pero eso no significó que el Congreso aprovechara el tiempo para elegir, en su momento, a su director titular y suplente”, destacó Andrés Franco, analista de Guatemala Visible.
El analista considera que, por tratarse de una institución nueva, cumplir los plazos debió ser una prioridad. “El cumplimiento de los plazos en una institución nueva era aún más importante, porque implica una labor sustancial; además, legitimaba la construcción de la entidad”, afirmó.
Pero el actual escenario del Congreso, con divisiones internas entre bancadas y pugnas por puestos de control en el Legislativo, vuelve más compleja la elección de los directores restantes.
“En la agenda no solo está la elección del director titular y suplente; es una elección que sufre las consecuencias de una agenda enredada y con escasos consensos”, afirmó Franco.
Retraso indefinido
El modelo de integración de la superintendencia no era el más adecuado, según el análisis de Marcos Palma, presidente del Instituto de la Competencia, que propuso que el Congreso no participara en los nombramientos.
“Nosotros cuestionamos el proyecto de ley por darle al Congreso la facultad de nombrar a dos directores. El Congreso, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, es un órgano político con múltiples intereses, y necesita acuerdos para llegar a una elección”, resaltó.
Palma fundamentó su postura en experiencias observadas en otros países de la región. Incluso propusieron que la elección fuera hecha por la Corte Suprema de Justicia, en vez del Legislativo, ya que los retrasos pueden ser indefinidos.
“En República Dominicana ocurrió algo similar, porque el Senado no se ponía de acuerdo para nombrar a los miembros de su directorio de competencia. En ese país, el retraso fue de dos años”, explicó.
El presidente en Consejo de Ministros nombró como directores a Javier Bauer y Luis Velásquez; mientras que la Junta Monetaria delegó a Edgar Guzmán y Alfredo Skinner-Klée Sol.
La Superintendencia de Competencia tendrá una duración de seis años, y los tres directores titulares ejercerán la presidencia por dos años cada uno. La primera presidencia corresponde al delegado titular del Ejecutivo, es decir, Javier Bauer.
Ya fueron electos cuatro de los seis directores que integrarán el primer Directorio de la Superintendencia de Competencia.
La Junta Monetaria del @Banguat eligió a:
Edgar Rolando Guzmán Fuentes (titular)
— Guatemala Visible (@guatevisible) June 23, 2025
La CC recibió una acción de amparo que busca que se ordene a los diputados cumplir con la elección e integrar el directorio de competencia, cuyo plazo venció el pasado 23 de junio.
Falta de acuerdos en el Congreso frena la Superintendencia de Competencia por tiempo indefinido
La CC recibió una acción de amparo que busca que se ordene a los diputados cumplir con la elección e integrar el directorio de competencia, cuyo plazo venció el pasado 23 de junio.
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La elección de los directores para la Superintendencia de Competencia ha sido programado en dos ocasiones en el Congreso, pero la falta de acuerdos impide los nombramientos. (Foto Prensa Libre.: HemerotecaPL)
La falta de acuerdos mantiene estancada, por tiempo indefinido, la nueva Superintendencia de Competencia. El pleno del Congreso fue la única instancia que no respetó los plazos, y ahora existe una acción legal que busca ordenarle a los diputados cumplir con sus obligaciones.
El 20 de noviembre del año pasado, el Congreso aprobó con carácter de urgencia nacional la Ley de Competencia, normativa que estipula la creación de la Superintendencia de Competencia, cuyo fin será investigar y sancionar prácticas anticompetitivas en el mercado.
Este órgano estará integrado por tres directores titulares y tres suplentes, electos por tres instancias: el presidente en Consejo de Ministros, el pleno del Congreso y la Junta Monetaria.
La normativa fijaba como fecha límite para integrar este directorio el 23 de junio pasado. Sin embargo, los diputados fueron los únicos que no respetaron el plazo, lo que mantiene bloqueada esta nueva entidad del Estado.
La organización Acción Ciudadana presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) un amparo que busca obligar a los diputados a sesionar y elegir a sus dos representantes. Hasta el momento, no se ha fijado fecha para que el pleno constitucional conozca el recurso.
No sería la primera vez que los diputados reciben órdenes judiciales para cumplir con sus obligaciones, según antecedentes recientes del Congreso.
Fue mediante orden judicial que los diputados eligieron magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para concluir el período 2019-2024; también fueron obligados a cambiar la Junta Directiva electa en el 2020, y actualmente está vigente un amparo que les exige agotar varios puntos de una agenda legislativa inconclusa.
‼️URGENTE‼️ Acción Ciudadana @AcGuatemala capítulo de Transparencia Internacional @anticorruption para 🇬🇹 presentó el día de hoy amparo en contra del Congreso de la República por incumplir el plazo para designar a directores (titular y suplente) para Superintendencia de… pic.twitter.com/jKsA31c4wB
— Accion Ciudadana (@AcGuatemala)
Discurso
Los diputados han utilizado la Ley de Competencia para justificar su escaso trabajo, según Manfredo Marroquín, fundador de Acción Ciudadana, quien promovió el amparo por la desintegración de la Superintendencia de Competencia.
“El Congreso aprueba leyes que publicita propagandísticamente para legitimar su trabajo, pero en la práctica vemos que no les importa el cumplimiento de esas normas que ellos mismos aprueban”, señaló Marroquín.
Agregó que la Ley de Competencia ha servido para que diputados y autoridades de gobierno promocionen resultados positivos; sin embargo, la falta de acuerdos y los retrasos en los nombramientos no respaldan ese discurso.
“La Ley de Competencia fue prácticamente un intercambio para que se pudiera aprobar el presupuesto del 2025. Es más, esta ley se aprobó de urgencia nacional. Como que solo les interesaba hacer ruido, aparentar que hacían algo importante, pero en la práctica no contribuyen a que esta entidad ayude a los ciudadanos. Fue solo discurso”, añadió Marroquín.
Con el amparo, el fundador de Acción Ciudadana espera que se fije un plazo para que los diputados cumplan con la elección, algo que ya ha sido habitual con otras tareas que han dejado de lado. “Contradicen todo el discurso de que la ley era prioridad y que se iba a romper la captura de los mercados”.
Divisiones
Para la organización Guatemala Visible, que ha dado seguimiento al proceso de integración de dicha superintendencia, en el Legislativo prevalece la falta de acuerdos.
“La Comisión de Economía del Congreso tuvo un proceso bastante ordenado y siguió los plazos, pero eso no significó que el Congreso aprovechara el tiempo para elegir, en su momento, a su director titular y suplente”, destacó Andrés Franco, analista de Guatemala Visible.
El analista considera que, por tratarse de una institución nueva, cumplir los plazos debió ser una prioridad. “El cumplimiento de los plazos en una institución nueva era aún más importante, porque implica una labor sustancial; además, legitimaba la construcción de la entidad”, afirmó.
Pero el actual escenario del Congreso, con divisiones internas entre bancadas y pugnas por puestos de control en el Legislativo, vuelve más compleja la elección de los directores restantes.
“En la agenda no solo está la elección del director titular y suplente; es una elección que sufre las consecuencias de una agenda enredada y con escasos consensos”, afirmó Franco.
Retraso indefinido
El modelo de integración de la superintendencia no era el más adecuado, según el análisis de Marcos Palma, presidente del Instituto de la Competencia, que propuso que el Congreso no participara en los nombramientos.
“Nosotros cuestionamos el proyecto de ley por darle al Congreso la facultad de nombrar a dos directores. El Congreso, en Guatemala y en cualquier parte del mundo, es un órgano político con múltiples intereses, y necesita acuerdos para llegar a una elección”, resaltó.
Palma fundamentó su postura en experiencias observadas en otros países de la región. Incluso propusieron que la elección fuera hecha por la Corte Suprema de Justicia, en vez del Legislativo, ya que los retrasos pueden ser indefinidos.
“En República Dominicana ocurrió algo similar, porque el Senado no se ponía de acuerdo para nombrar a los miembros de su directorio de competencia. En ese país, el retraso fue de dos años”, explicó.
El presidente en Consejo de Ministros nombró como directores a Javier Bauer y Luis Velásquez; mientras que la Junta Monetaria delegó a Edgar Guzmán y Alfredo Skinner-Klée Sol.
La Superintendencia de Competencia tendrá una duración de seis años, y los tres directores titulares ejercerán la presidencia por dos años cada uno. La primera presidencia corresponde al delegado titular del Ejecutivo, es decir, Javier Bauer.
📢 Ya fueron electos cuatro de los seis directores que integrarán el primer Directorio de la Superintendencia de Competencia.
✅ La Junta Monetaria del @Banguat eligió a:
🔹 Edgar Rolando Guzmán Fuentes (titular)
🔹 Alfredo Skinner-Klée Sol (suplente)✅ El presidente… pic.twitter.com/ulbPi9WEp2
— Guatemala Visible (@guatevisible)
ESCRITO POR:
Douglas Cuevas
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y del sector justicia, con 15 años de experiencia en periodismo escrito, televisivo y radial.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
