gobierno electrónico
¿Adiós al papel? Proponen una “super tienda digital” para bajar las colas en oficinas públicas
Proponen que desde el Poder Ejecutivo se lidere la creación de una plataforma que conecte a las instituciones públicas y reúna carpetas digitales de cada guatemalteco para eliminar poco a poco los támites físicos. El primer paso es la creación de una autoridad.
Según los consultados, desde el Ejecutivo y Legislativo se están construyendo leyes y marcos regulatorios para ofrecer más servicios digitales. Imagen con fines ilustrativos. (Foto Prensa Libre: Marcos Gálvez)
Foto:
Un país con servicios electrónicos eficientes viene a ser como entrar a un gran supermercado virtual que reúne, en el mismo lugar, trámites como renovar el pasaporte, pagar los impuestos o pedir una licencia para poner en marcha un negocio. La diferencia con la actualidad es que los requisitos se presentan una sola vez, y el pago se hace en la misma plataforma electrónica, sin fotocopias de DPI, hojas que se arrugan o se extravían y largas colas afuera de varias dependencias de Gobierno.
Pero para tener ese “carrito” de gestiones digitales, el país debe tener, en primer lugar, la tecnología que conecte no solo a usuarios con instituciones, si no a las propias instituciones públicas entre sí. Luego, un sistema único de pagos y, lo más importante, una autoridad competente que “abra las puertas” cada día de esa gran tienda de servicios de gobierno. ¿Qué tan viable es para Guatemala ese universo?
El fin último es que los guatemalteos puedan contar con una identidad digital desde el momento en el que nazcan, tal como ocurre en países como Estonia, lugar en donde desde el primer momento, se cuenta con una carpeta dentro del mundo digital que facilita trámites y ahorra recursos para los ciudadanos. Pero para que esto suceda, debe haber una transformación digital que cuenta con la interoperabilidad de todas las entidades gubernamentales, digitalización de trámites y un ente rector encargado de regular esta modernización.
A partir de un Estado digital, los ciudadanos tendrían que hacer cada vez menos trámites presenciales, lo que puede representar ahorros de dinero y tiempo, además de tener acceso a mejores servicios. Así demuestra los beneficios de contar con este tipo de gobierno María del Carmen Aceña, vicepresidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Para la vicepresidenta del Cien, este es el momento de reinventar a Guatemala y modernizar al país y de esta manera contar con un estado más eficiente. “Lo más importante es que usted como ciudadano debe tener los mejores servicios de manera rápida y pronta, pero eso requiere que se inicie con gobierno digital y los servicios estén al alcance de la población”, sentencia Aceña.
Para que el surgimiento de un Estado digital no sea una visión lejana, Gabriela Montenegro, secretaria de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (Senacyt), explica que se cuenta ya con una hoja de ruta que se presentó al Presidente de la República. Dentro de dicho mapa, se muestran los pasos a seguir para modernizar el país.
Según el índice de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, Guatemala se encuentra en el puesto de 122 de 193 países evaluados. Además de esto, está en el lugar 132 en la evaluación de Infraestructura de Telecomunicaciones y se encuentra por delante solo de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Según Edie Cux, comisionado presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), esto se debe a un estancamiento que se busca revertir con digitalización.
¿Cómo será el ente rector?
Ana Isabel Antillón, coordinadora del eje de Certeza Jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, asegura que para que exista una transformación y digitalización de forma ordenada, debe existir una entidad que oriente, guíe y dicte las normativas necesarias que faciliten la operación entre las diferentes instituciones. Según Antillón, sin este ente rector, difícilmente se alcanzará el ideal que es contar con una identidad digital.
Aceña argumenta que se necesita una estrategia nacional que defina específicamente quién será el encargado de diseñar la institucionalidad. Además de esto, la vicepresidenta del Cien menciona que la entidad rectora debe tener rasgos como liderazgo, independencia, cercanía a la presidencia y el poder de ejecutar con los recursos necesarios.
Desde el sector gobierno, Montenegro asegura que se ha trabajado un plan y dentro de este, se encuentra el tema de la gobernanza y quién será el ente rector. “Ya vamos avanzando en cuál debe ser el perfil y cómo va a ser el ente”, señala la secretaria del Senacyt, quien añade que el ente debería ser autónomo.
Antillón coincide en que la entidad rectora debería ser autónoma con la independencia que alcance a regir a todas las instituciones del estado. La coordinadora del eje de Certeza Jurídica añade que además de la gobernanza desde el sector público, también se debería contar con la participación ciudadana y la academia.
¿El Legislativo o el Ejecutivo?
A pesar de que dentro del gobierno se cuenta con un consenso general de la necesidad de crear una entidad rectora encargada de la digitalización del país, todavía no se ha concretado desde qué sector se deberá levantar esta nueva institución. Antillón declara que se tiene que crear por ley y por lo tanto, el liderazgo tiene que tomarlo el Congreso de la República.
Francisco Marroquin, quien es parte del equipo de comunicación del diputado Nery Rodas, asegura que desde el Congreso, se encuentran realizando una Ley de Marco de Transformación Digital que buscarán presentar a inicios de 2025. Dentro de esta ley, se propone crear un ente autónomo de transformación digital y se encuentran en discusiones sobre si será una superintendencia o una agencia, así como funciona en Uruguay.
Uruguay también fue un ejemplo por parte de Aceña, quien expresa que en el país suramericano, se cuenta con una agencia específica para el tema que se encuentra adscrita a la Presidencia, factor que le da la libertad, según Aceña, de llamar a los mejores expertos para trabajar en la institución, la cual fue calificada como ágil por Aceña. No obstante, según Cux, la creación de una agencia es jurídicamente inviable.
Según Aceña, al Congreso no le compete diseñar al ente que se hará cargo de la digitalización del Estado. En su lugar, Aceña asegura que debe ser el Ejecutivo el que trabaje en el diseño de la misma. El Congreso cuenta con un Foro Parlamentario de Transformación Digital, desde el cual nacen las iniciativas que tienen que ver con la modernización del Estado. No obstante. Aceña reitera que el foro se está adelantando y por lo tanto no tendrá la misma visión.
Cux argumenta también que es el Ejecutivo el que debe definir el ente rector. “Es quien provee los servicios públicos y tiene la facilidad de ejecutar los servicios públicos digitales”, plantea el comisionado.
Julissa Cifuentes, subsecretaria de Gestión Estratégica de la Secretaría Privada de la Presidencia, destaca que desde este 2024, en el ejecutivo se ha comenzado a trabajar en el comité nacional de modernización del Organismo Ejecutivo. “Es el modelo de gobernanza que tenemos en este momento pero también quien va a sentar las bases para la modernización a largo plazo”, decreta Cifuentes.
El bus de datos
Otro de los aspectos importantes para el afianzamiento de la digitalización del estado, según Antillón, es la definición de interoperabilidad (o, bus de datos) entre las diferentes instituciones del gobierno. Antillón expresa que muchas de las entidades ya han logrado en buena medida simplificar y digitalizar los procesos, no obstante, el punto que hace falta es que los entes puedan intercambiar y compartir información de los ciudadanos que ya tienen en sus bases de datos.
Para Antillón, un factor importante es la participación del Renap, puesto que cuentan con todos los datos personales de los ciudadanos. “Ese es el camino que tenemos que recorrer, porque el ideal es llegar a tener una carpeta ciudadana veloz en donde las personas puedan acceder a su carpeta y buscar información con un solo usuario”, señala Antillón.
Además de esto, Antillón menciona la creación de plataformas de pagos que faciliten los recaudos para la administración pública. Reitera que estos puntos deben ser coordinados desde una autoridad central, “en tanto no la tengamos, vamos a tener esfuerzos aislados de las instituciones”, sentencia Antillón.
Cux asegura que en dos años, a partir de contar con toda la voluntad política, podrían lograr lo mismo que en República Dominicana, país en donde consiguieron conectar 70 dependencias y contar con un marco de interoperabilidad.
El camino que resta
El comité encargado de la transformación digital del Ejecutivo está presidido por el Ministerio de Finanzas (Minfin) mientras que la Secretaría Privada funge como Secretaría Técnica, explica Cifuentes. “Con el comité estamos construyendo la agenda nacional de modernización 2024-2028, la cual guiará todos los esfuerzos que vamos a hacer como gobierno”, señala Cifuentes.
Además de la participación del Minfin, se cuenta con otras mesas de trabajo. La interoperabilidad está a cargo de la GAE, la ciberseguridad del Ministerio de Gobernación (Mingob), la Superintendencia de Telecomunicaciones está a cargo de la reducción de la brecha digital y el Senacyt de la innovación y tecnologías emergentes.
Cifuentes espera que el próximo año se pueda definir un mecanismo que se haga cargo de la transformación digital. Mientras tanto, Cifuentes comparte que se realizó un diagnóstico de todos los esfuerzos a nivel gobierno en cuestiones de digitalización y luego construyeron un plan de acción que se está validando con la Agenda Nacional de Modernización para analizar si se están llegando a las metas propuestas.
Asimismo, Cifuentes compartió que los pasos a seguir son la revisión del plan de acción por parte del comité, lo cual se realizará durante el mes de diciembre y a partir de esto se priorizarán las acciones de corto, mediano y largo plazo. Del mismo modo, se comenzará a analizar el costeo del plan de transformación digital.
Cux puntualiza que se cuentan también definidas algunas prioridades como la creación de una identidad digital, interoperabilidad y la digitalización de trámites. Asimismo, Cux recalca que los estándares para los marcos regulatorios específicos para la protección de datos se están construyendo actualmente por medio de expertos. Estos marcos deberían, según Cux, aplicar al Legislativo también.
Montenegro argumenta que entre los puntos que son de suma importancia y de los cuales el país todavía carece es luz, electrificación, equipo electrónicos en todo el país y que estos sean accesibles, además de inversión específica para este cometido.
Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.
Proponen que desde el Poder Ejecutivo se lidere la creación de una plataforma que conecte a las instituciones públicas y reúna carpetas digitales de cada guatemalteco para eliminar poco a poco los támites físicos. El primer paso es la creación de una autoridad.
gobierno electrónico
¿Adiós al papel? Proponen una “super tienda digital” para bajar las colas en oficinas públicas
Proponen que desde el Poder Ejecutivo se lidere la creación de una plataforma que conecte a las instituciones públicas y reúna carpetas digitales de cada guatemalteco para eliminar poco a poco los támites físicos. El primer paso es la creación de una autoridad.
Ximena Fernández
12 de diciembre de 2024
|
06:00h
Según los consultados, desde el Ejecutivo y Legislativo se están construyendo leyes y marcos regulatorios para ofrecer más servicios digitales. Imagen con fines ilustrativos. (Foto Prensa Libre: Marcos Gálvez)
Un país con servicios electrónicos eficientes viene a ser como entrar a un gran supermercado virtual que reúne, en el mismo lugar, trámites como renovar el pasaporte, pagar los impuestos o pedir una licencia para poner en marcha un negocio. La diferencia con la actualidad es que los requisitos se presentan una sola vez, y el pago se hace en la misma plataforma electrónica, sin fotocopias de DPI, hojas que se arrugan o se extravían y largas colas afuera de varias dependencias de Gobierno.
Pero para tener ese «carrito» de gestiones digitales, el país debe tener, en primer lugar, la tecnología que conecte no solo a usuarios con instituciones, si no a las propias instituciones públicas entre sí. Luego, un sistema único de pagos y, lo más importante, una autoridad competente que «abra las puertas» cada día de esa gran tienda de servicios de gobierno. ¿Qué tan viable es para Guatemala ese universo?
El fin último es que los guatemalteos puedan contar con una identidad digital desde el momento en el que nazcan, tal como ocurre en países como Estonia, lugar en donde desde el primer momento, se cuenta con una carpeta dentro del mundo digital que facilita trámites y ahorra recursos para los ciudadanos. Pero para que esto suceda, debe haber una transformación digital que cuenta con la interoperabilidad de todas las entidades gubernamentales, digitalización de trámites y un ente rector encargado de regular esta modernización.
A partir de un Estado digital, los ciudadanos tendrían que hacer cada vez menos trámites presenciales, lo que puede representar ahorros de dinero y tiempo, además de tener acceso a mejores servicios. Así demuestra los beneficios de contar con este tipo de gobierno María del Carmen Aceña, vicepresidenta del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).
Para la vicepresidenta del Cien, este es el momento de reinventar a Guatemala y modernizar al país y de esta manera contar con un estado más eficiente. “Lo más importante es que usted como ciudadano debe tener los mejores servicios de manera rápida y pronta, pero eso requiere que se inicie con gobierno digital y los servicios estén al alcance de la población”, sentencia Aceña.
Para que el surgimiento de un Estado digital no sea una visión lejana, Gabriela Montenegro, secretaria de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e innovación (Senacyt), explica que se cuenta ya con una hoja de ruta que se presentó al Presidente de la República. Dentro de dicho mapa, se muestran los pasos a seguir para modernizar el país.
Según el índice de Gobierno Electrónico de Naciones Unidas, Guatemala se encuentra en el puesto de 122 de 193 países evaluados. Además de esto, está en el lugar 132 en la evaluación de Infraestructura de Telecomunicaciones y se encuentra por delante solo de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
Según Edie Cux, comisionado presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), esto se debe a un estancamiento que se busca revertir con digitalización.
¿Cómo será el ente rector?
Ana Isabel Antillón, coordinadora del eje de Certeza Jurídica de la iniciativa Guatemala No Se Detiene, asegura que para que exista una transformación y digitalización de forma ordenada, debe existir una entidad que oriente, guíe y dicte las normativas necesarias que faciliten la operación entre las diferentes instituciones. Según Antillón, sin este ente rector, difícilmente se alcanzará el ideal que es contar con una identidad digital.
Aceña argumenta que se necesita una estrategia nacional que defina específicamente quién será el encargado de diseñar la institucionalidad. Además de esto, la vicepresidenta del Cien menciona que la entidad rectora debe tener rasgos como liderazgo, independencia, cercanía a la presidencia y el poder de ejecutar con los recursos necesarios.
Desde el sector gobierno, Montenegro asegura que se ha trabajado un plan y dentro de este, se encuentra el tema de la gobernanza y quién será el ente rector. “Ya vamos avanzando en cuál debe ser el perfil y cómo va a ser el ente”, señala la secretaria del Senacyt, quien añade que el ente debería ser autónomo.
Antillón coincide en que la entidad rectora debería ser autónoma con la independencia que alcance a regir a todas las instituciones del estado. La coordinadora del eje de Certeza Jurídica añade que además de la gobernanza desde el sector público, también se debería contar con la participación ciudadana y la academia.
¿El Legislativo o el Ejecutivo?
A pesar de que dentro del gobierno se cuenta con un consenso general de la necesidad de crear una entidad rectora encargada de la digitalización del país, todavía no se ha concretado desde qué sector se deberá levantar esta nueva institución. Antillón declara que se tiene que crear por ley y por lo tanto, el liderazgo tiene que tomarlo el Congreso de la República.
Francisco Marroquin, quien es parte del equipo de comunicación del diputado Nery Rodas, asegura que desde el Congreso, se encuentran realizando una Ley de Marco de Transformación Digital que buscarán presentar a inicios de 2025. Dentro de esta ley, se propone crear un ente autónomo de transformación digital y se encuentran en discusiones sobre si será una superintendencia o una agencia, así como funciona en Uruguay.
Uruguay también fue un ejemplo por parte de Aceña, quien expresa que en el país suramericano, se cuenta con una agencia específica para el tema que se encuentra adscrita a la Presidencia, factor que le da la libertad, según Aceña, de llamar a los mejores expertos para trabajar en la institución, la cual fue calificada como ágil por Aceña. No obstante, según Cux, la creación de una agencia es jurídicamente inviable.
Según Aceña, al Congreso no le compete diseñar al ente que se hará cargo de la digitalización del Estado. En su lugar, Aceña asegura que debe ser el Ejecutivo el que trabaje en el diseño de la misma. El Congreso cuenta con un Foro Parlamentario de Transformación Digital, desde el cual nacen las iniciativas que tienen que ver con la modernización del Estado. No obstante. Aceña reitera que el foro se está adelantando y por lo tanto no tendrá la misma visión.
Cux argumenta también que es el Ejecutivo el que debe definir el ente rector. “Es quien provee los servicios públicos y tiene la facilidad de ejecutar los servicios públicos digitales”, plantea el comisionado.
Julissa Cifuentes, subsecretaria de Gestión Estratégica de la Secretaría Privada de la Presidencia, destaca que desde este 2024, en el ejecutivo se ha comenzado a trabajar en el comité nacional de modernización del Organismo Ejecutivo. “Es el modelo de gobernanza que tenemos en este momento pero también quien va a sentar las bases para la modernización a largo plazo”, decreta Cifuentes.
El bus de datos
Otro de los aspectos importantes para el afianzamiento de la digitalización del estado, según Antillón, es la definición de interoperabilidad (o, bus de datos) entre las diferentes instituciones del gobierno. Antillón expresa que muchas de las entidades ya han logrado en buena medida simplificar y digitalizar los procesos, no obstante, el punto que hace falta es que los entes puedan intercambiar y compartir información de los ciudadanos que ya tienen en sus bases de datos.
Para Antillón, un factor importante es la participación del Renap, puesto que cuentan con todos los datos personales de los ciudadanos. “Ese es el camino que tenemos que recorrer, porque el ideal es llegar a tener una carpeta ciudadana veloz en donde las personas puedan acceder a su carpeta y buscar información con un solo usuario”, señala Antillón.
Además de esto, Antillón menciona la creación de plataformas de pagos que faciliten los recaudos para la administración pública. Reitera que estos puntos deben ser coordinados desde una autoridad central, “en tanto no la tengamos, vamos a tener esfuerzos aislados de las instituciones”, sentencia Antillón.
Cux asegura que en dos años, a partir de contar con toda la voluntad política, podrían lograr lo mismo que en República Dominicana, país en donde consiguieron conectar 70 dependencias y contar con un marco de interoperabilidad.
El camino que resta
El comité encargado de la transformación digital del Ejecutivo está presidido por el Ministerio de Finanzas (Minfin) mientras que la Secretaría Privada funge como Secretaría Técnica, explica Cifuentes. “Con el comité estamos construyendo la agenda nacional de modernización 2024-2028, la cual guiará todos los esfuerzos que vamos a hacer como gobierno”, señala Cifuentes.
Además de la participación del Minfin, se cuenta con otras mesas de trabajo. La interoperabilidad está a cargo de la GAE, la ciberseguridad del Ministerio de Gobernación (Mingob), la Superintendencia de Telecomunicaciones está a cargo de la reducción de la brecha digital y el Senacyt de la innovación y tecnologías emergentes.
Cifuentes espera que el próximo año se pueda definir un mecanismo que se haga cargo de la transformación digital. Mientras tanto, Cifuentes comparte que se realizó un diagnóstico de todos los esfuerzos a nivel gobierno en cuestiones de digitalización y luego construyeron un plan de acción que se está validando con la Agenda Nacional de Modernización para analizar si se están llegando a las metas propuestas.
Asimismo, Cifuentes compartió que los pasos a seguir son la revisión del plan de acción por parte del comité, lo cual se realizará durante el mes de diciembre y a partir de esto se priorizarán las acciones de corto, mediano y largo plazo. Del mismo modo, se comenzará a analizar el costeo del plan de transformación digital.
Cux puntualiza que se cuentan también definidas algunas prioridades como la creación de una identidad digital, interoperabilidad y la digitalización de trámites. Asimismo, Cux recalca que los estándares para los marcos regulatorios específicos para la protección de datos se están construyendo actualmente por medio de expertos. Estos marcos deberían, según Cux, aplicar al Legislativo también.
Montenegro argumenta que entre los puntos que son de suma importancia y de los cuales el país todavía carece es luz, electrificación, equipo electrónicos en todo el país y que estos sean accesibles, además de inversión específica para este cometido.
Encuentre más de Guatemala No Se Detiene en nuestros canales de video de Prensa Libre y Guatevisión, un contenido en alianza enfocado en periodismo de soluciones.
ESCRITO POR:
Ximena Fernández
Periodista, colaboración especial para Prensa Libre.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
