Esteban Toc Tzay, de 61 años, exvicealcalde de la Municipalidad Indígena de Sololá, fue capturado este jueves 28 de agosto en la Cumbre de Alaska, cuando se dirigía a la capital para recibir tratamiento médico, según informó la Policía Nacional Civil (PNC).

De acuerdo con el reporte policial, Toc Tzay tenía una orden de aprehensión vigente desde el 11 de abril del 2025 por los delitos de sedición, terrorismo, obstaculización a la acción penal, asociación ilícita y obstrucción a la justicia.

Las autoridades lo trasladaron inicialmente a una subestación en Totonicapán, luego a San Cristóbal Totonicapán y, finalmente, al Centro Regional de Justicia de Quetzaltenango, donde fue notificado de los cargos en su contra. Se prevé que en las próximas horas sea trasladado a la capital.

El exdirigente es señalado por su participación en las protestas desarrolladas durante el 2023 en contra de las acciones del Ministerio Público (MP) hacia el partido Movimiento Semilla, organización con la que Bernardo Arévalo ganó la Presidencia.

Rechazo desde las comunidades

Tras conocerse la detención, autoridades indígenas de distintas regiones del país emitieron un pronunciamiento en el que expresaron su “rotundo rechazo” a lo que calificaron como una persecución penal contra líderes comunitarios y ancestrales.

En el comunicado, destacaron que las autoridades indígenas “no son organizaciones criminales, como lo pretende presentar la fiscal general del Ministerio Público”.

“Esteban Toc Tzay fue capturado por el mismo caso por el cual guardan prisión los dirigentes Luis Pacheco y Héctor Chaclán, de los 48 cantones de Totonicapán”, señala el documento.

Además, las autoridades indígenas denunciaron lo que consideran una criminalización sistemática por el ejercicio legítimo de los derechos de los pueblos originarios. “Expresamos nuestra solidaridad con Esteban Toc Tzay y su familia, y nuestro repudio por estas acciones de racismo y discriminación”, manifestaron.

El comunicado también exigió al presidente de la República, Bernardo Arévalo, que actúe frente a lo que denominaron un “pacto de corruptos y golpistas” que, según afirman, busca silenciar a quienes defienden los derechos humanos y colectivos.

Asimismo, demandaron al Organismo Judicial el nombramiento de jueces y juezas imparciales y objetivos que no se presten a la “criminalización fabricada por el Ministerio Público”.

Las comunidades firmantes alertaron a los pueblos indígenas de todo el país a tomar medidas de precaución frente a lo que calificaron como una escalada de represión. “Si no nos dejan en paz, tampoco los dejaremos en paz”, concluye el documento.

Contexto

Durante octubre de 2023, líderes indígenas de Sololá, Totonicapán, Quiché y otras regiones encabezaron bloqueos y manifestaciones pacíficas en defensa del proceso democrático, en medio de cuestionamientos contra el MP y su intento de revertir los resultados electorales. Las acciones fueron respaldadas por organizaciones de derechos humanos y observadores internacionales.

Con esta nueva captura, suman ya varios dirigentes comunitarios detenidos o con procesos judiciales abiertos, en un contexto que diversas organizaciones han calificado como una “estrategia de intimidación” para frenar el movimiento indígena.

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