El pleno del Congreso volvió a mostrar el poder que tiene la nueva alianza oficialista, que apenas hace una semana ratificó un estado sitio y que ahora cambió la ley de gasto exprés para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes).

Los cambios al decreto 7-2025 no son muchos, pues el tiempo en que diputados ingresaron y aprobaron las reformas fue breve, consiguiendo algunos cambios en la manera en que funciona la ley.

Esta norma le permite a los órganos regionales mantener para el año preelectoral los gastos que no ejecutaron en obras el año pasado, elemento que para analistas podría prestarse para campaña anticipada.

El diputado que impulsó los cambios es el líder oficialista José Carlos Sanabria, quien destaca como operador de la facción oficialista que responde a Movimiento Semilla y la más cercana al presidente Bernardo Arévalo.

LECTURAS RELACIONADAS

Diputados buscan alianzas para conseguir la gobernanza del Congreso en el 2026

Fundesa advierte que la inversión de Codedes tiene poco impacto en combatir la pobreza extrema

Los cambios

Entre los cambios los diputados reformaron el artículo 45 Ter de la ley del presupuesto, eliminando un párrafo completo que obligaba a los Codedes entregar el 100%  de los recursos a las unidades ejecutoras.

Este fragmento eliminado también incluía la responsabilidad de las municipalidades como responsables para el “uso transparente y probo de los recursos”, en donde se especificaba el seguimiento respectivo de la Contraloría General de Cuentas (CGC).

También uno de los cambios que tiene este fragmento es que amplía un mes el tiempo para la reprogramación de proyectos. Originalmente estaba al último día hábil de febrero, pero con el cambio, ahora el plazo es el último día hábil de marzo.

La ley de gasto exprés para los Codedes mantenía un silencio administrativo corto, que ha sido sujeto a críticas por parte de grupos fiscalizadores, que advertían lo breve de ese lapso de análisis.

Cualquier obra que ingresara para análisis y no obtuviera una respuesta en cinco días sería dada por aprobada, lo que levantó alertas sobre la discrecionalidad de proyectos que podrían ser presentados.

Ahora, con la modificación, este silencio administrativo pasa de cinco a 30 días, dando a las autoridades calificadoras más tiempo para evaluar la factibilidad de los proyectos.

Esta reforma fue previa a que el Congreso discutiera la ampliación presupuestaria, con la que el gobierno espera mantener la cantidad de recursos del 2026 que le fue anulada por una resolución constitucional a finales del año pasado.