La salida de prisión de Reinoso fue confirmada por su hija, la creadora de contenidos Pamela Paz, quien publicó el acontecimiento en sus redes sociales.

Reinoso fue condenada a 11 años de prisión el 4 de octubre de 2016 por el Tribunal Tercero de Sentencia Penal; sin embargo, en el 2017, la Sala Primera de Apelaciones Penal confirmó la sentencia y aumentó dos años más la pena por el delito de lavado de dinero; además, la inhabilitó para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.

De acuerdo con publicaciones, la defensa de Reinoso presentó el año pasado varios recursos de redención de la pena, un beneficio al que todo reo puede acceder una vez haya cumplido más del 50 por ciento de la pena y se comprueban aspectos de buena conducta entre otros, pero fue hasta estes año que el recurso fue aceptado.

 El caso

Reinoso fue señalada por el Ministerio Público (MP) de haberse enriquecido de manera ilegal mientras laboró como jueza.

Las sospechas contra Reinoso son por cómo adquirió una vivienda valorada en más de Q3 millones y varios vehículos durante el tiempo que estuvo al frente del Juzgado Cuarto de Sentencia Penal.

En las audiencias, Reinoso explicó que la adquisición del inmueble fueron producto de los ahorros que tenía como Jueza de Paz, porque en ese tiempo ella no gastaba al reconocer que “la mantenían”, por lo que su salario “se iba al banco”.

“Yo nunca mentí, compré mi casa con mis ahorros, ahorros de mi salario de jueza de Paz”, aseguró ante el MP.

Reinoso ha asegurado que dio una primera cuota por la casa de Q25 mil, pero después entregó dos más de Q200 mil cada una.

Conforme sus ahorros se reducían, añadió, aceptó un préstamo “que le ofrecieron” para seguir con el pago de cuotas de la vivienda, préstamo que obtuvo de una de sus mejores amigas.

La jueza insistió en debate que la acusación es errónea pues ella adquirió sus bienes con apoyo de una amiga propietaria de un autohotel, llamada Felícita Romero Ramírez, quien declaró como testigo clave y negó haber dado dinero a Reinoso.

Las investigaciones apuntaron que pudo cometer el delito pues hubo transacciones sospechosas y los recibos presentados y otros documentos financieros no son suficientes para desvirtuar los señalamientos.

Además, señalaron movimientos financieros sospechosos que no fueron registrados en las cuentas bancarias y de los cuales desconocen el origen.