Durante una citación con diputados de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), las autoridades del Ejecutivo afirmaron que la droga no salió de Guatemala y la mercadería fue sometida a una revisión antes de ser embarcada.    

Los congresistas cuestionaron las medidas de seguridad de los contenedores que se encuentran a cargo de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) y la seguridad nacional por parte del Ministerio de Gobernación.  

Dijeron que no hay garantía de que no se introduzcan ilícitos en los contenedores porque los marchamos se pueden retirar y colocar unos falsos.   

“El marchamo de la SAT o naviera los clonan, ustedes lo saben, pues ustedes están en la operación día a día y saben los problemas que hay con los marchamos”, comentaron. 

Víctor José Pérez Rodas, jefe de Unidad de Aduanas de la SAT, comentó que el marchamo de los contenedores los coloca la empresa cuando son exportados y no dicha institución.  

“Lleva un marchamo de origen, específicamente de la empresa”, comentó Pérez. 

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Añadió que se ha cumplido con los protocolos en aplicación del código de protección de buques e instalaciones portuarias que establece la Organización Marítima Internacional (OMI). 

Francisco Jiménez, ministro de Gobernación, dijo que la Terminal Ferroviaria Puerto Barrios fue la única que no se evaluó por parte de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. (CBP, en inglés) para determinar las vulnerabilidades que existen, debido a que es una concesión. El funcionario subrayó que la CBP comenzó un análisis de las capacidades de las fuerzas de seguridad en fronteras, puertos y aeropuertos de Guatemala, a través del programa Capabilities Gap Analysis Process Plus (CGAP-Plus).  

Ante esto, los legisladores calificaron de inaudito que el Estado no pueda garantizar un control.  

“Aunque tenga en concesión o usufructo la seguridad, es una responsabilidad de Estado, es un tema de seguridad nacional, un puerto. El Estado tiene que tomar control de la seguridad; de la operación portuaria es otra cosa”, recalcaron los diputados.   

Jiménez resaltó que el estudio de la CBP se hizo en Puerto Quetzal y Santo Tomas de Castilla porque tiene participación el Estado. 

En la citación los legisladores cuestionaron a los funcionarios y empresarios sobre el control y seguridad de la Terminal Ferroviaria Puerto Barrios. 

Ramses Orlando Lobo, gerente regional de Logística de Chiquita, expuso que la compañía cuenta con más de 200 cámaras de vigilancia y escáneres para monitorear los contenedores.  «Las autoridades están permanentemente en sitio y cumplen con su función y están en línea», dijo el gerente.  

Agregó que son las autoridades las que determinan las retenciones de los equipos de manera independiente.  

El ministro de Gobernación argumentó que la SAT y el Ministerio de Agricultura tienen responsabilidad de la seguridad, pero está en el ámbito de su competencia, no de la seguridad en términos generales del puerto, ya que eso está a cargo «de quien lo gestiona». 

“Nosotros no tenemos como una sala de seguimiento y monitoreo de las cámaras permanentemente por una razón muy simple, y es porque la seguridad está en manos de la empresa que administra el puerto”, subrayó el funcionario.  

Jiménez enfatizó en que pueden acceder a esa información porque hay una colaboración entre el Gobierno y la empresa, no solo en el caso de Puerto Barrios. 

El ministro añadió que la nueva ley de autoridad portuaria establece que se deben actualizar los procesos tecnológicos, y es una invitación a la Comisión Portuaria y Ministerio de Comunicaciones, pues es implementar el marchamo electrónico.  

Los diputados de VOS criticaron a la Comisión Portuaria Nacional por no obligar a las empresas a utilizar el marchamo electrónico para saber cuándo son alterados en las terminales y así disminuir los riesgos del trasiego de ilícitos.  

El ministro de Gobernación explicó que trabajan en conjunto con las autoridades de los puertos para mejorar la seguridad.  

“No estamos diciendo que el sistema es perfecto. Sabemos que hay brechas, fallas, vulnerabilidades en los puertos y tenemos que trabajar”, destacó.  

Contenedor con droga  

De acuerdo con el gerente de la empresa, el contenedor que trasladaba bananos hacia Bélgica pasó los controles para determinar que no contenía droga.  

Agregó que el escáner no mostró artefactos extraños y luego del visto bueno de las autoridades de seguridad se embarcó con destino a Republica Dominicana, pero antes pasarían a Honduras.

La Dirección General de la Marina Mercante (DGMM) del país centroamericano informó que el buque Scorpius hizo una escala en Puerto Cortés, Honduras, pero que el contenedor no fue desembarcado y continuó con la ruta a República Dominicana. 

“Según nuestras plataformas de monitoreo, en Puerto Caucedo, el contenedor sería transbordado para continuar hacia su destino final, la terminal portuaria de Antwerp, Bélgica», explicó. 

El lunes 9 de diciembre en el municipio de Pedro Brand, a las afueras de Santo Domingo, las autoridades de República Dominicana incineraron las 9.8 toneladas de cocaína encontradas el viernes 6 en un puerto dominicano, lo que ha sido catalogado como la mayor incautación en la historia de dicho país y en parte de la región. 

Además, el país caribeño afirmó que se investigan a 10 personas por estar involucradas el trasiego de droga que se estaba ingresando en un contenedor proveniente de Guatemala.

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