Un juzgado de Trabajo ordenó al Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) deponer las medidas de hecho. De no acatarse la resolución, los maestros que incumplan podrían ser multados con hasta Q4 mil.

El Juzgado Quinto Pluripersonal de Trabajo otorgó 48 horas al STEG para cesar las medidas de hecho y suspender la convocatoria a declararse en asamblea permanente. En caso contrario, se certificará lo conducente al Ministerio Público (MP) y se impondrán sanciones económicas.

La resolución judicial establece que los integrantes del Comité Ejecutivo del STEG deben notificar, en un plazo de 48 horas, a todas las escuelas del país que las medidas fueron depuestas y que no existe convocatoria vigente a asamblea permanente.

Se advierte que, de desobedecerse la orden, cada integrante del Comité Ejecutivo Nacional del STEG será sancionado con una multa de entre Q100 y Q4 mil. Además, el comité fue condenado al pago de costas procesales.

La resolución responde a las denuncias presentadas por el Estado de Guatemala contra la medida de hecho que convocó al magisterio a nivel nacional a declararse en asamblea permanente desde el 19 de mayo del presente año, lo que provocó la suspensión de clases en un porcentaje considerable de centros educativos del sector público, afectando el derecho a la educación de los estudiantes y obstaculizando el cumplimiento del deber estatal de garantizar el acceso a la educación.

Joviel Acevedo se pronuncia

Durante un encuentro con diputados, el secretario general del STEG, Joviel Acevedo, aseguró que respetan la ley y que el objetivo de las medidas de hecho es que el Gobierno cumpla el pacto colectivo.

“Estamos esperando la debida ejecución del Ministerio Público. Cuando el Ministerio Público diga la debida ejecución a un juez, ¿qué podemos hacer? Irnos. Nosotros estamos esperando eso. Nosotros somos respetuosos de la ley, de la ley nacional e internacional. El pacto colectivo, es una ley internacional. Es una ley profesional, nacional e internacional”, afirmó Acevedo.

Agregó: “¿Cuántos pactos colectivos se han firmado con este gobierno con diversas instancias del Estado? Un montón. ¿Cuál es el problema con nosotros? Que somos tropiezo para ellos. Nos hemos convertido como la oposición real para ellos. Nos quieren quitar esos artículos del pacto colectivo y declarado legal e inconstitucional, porque saben perfectamente que ahí, ni los padres de familia ni nosotros podemos fiscalizar todos los programas que nosotros hemos creado”.