MARN presenta denuncias penales contra proyectos de minas, empresa minera rechaza señalamientos por posible explotación ilegal
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) presentó dos denuncias penales contra dos proyectos mineros, luego de inspección. Comunitarios de Lívingston piden cancelación de licencias y empresa que impulsa seis proyectos dice que cumple con el proceso.
Luego de tres días de bloqueo de carreteras en Lívingston en rechazo a la minería y disturbios el miércoles, ayer se mantenía la comunidad en tensión y presencia policial. (Foto, Prensa Libre: Óscar Vásquez).
Foto:
Las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP) el 10 de junio de 2025. Según un documento proporcionado en Izabal, una denuncia se presentó contra el proyecto minero Santa Anita, ya que en la inspección ambiental se determinó la existencia de dos calicatas para exploración, realizadas mediante excavaciones en el suelo. Mientras que el proyecto Santa Anita II se localizaron cuatro calicatas.
Según datos del MEM, de los 10 proyectos referidos por el MARN, seis solicitudes corresponden a la compañía Río Nickel S.A.: Bongo, Santa Anita, Santa Anita II, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia y Coatepeque I.
Los otros cuatro proyectos pertenecen a Producciones del Atlántico, S. A.: Tzultaka, Tzultaka II, Tzultaka III y Tzultaka IV.
Postura de la empresa
La compañía Río Nickel expuso su postura respecto de las acciones de rechazo contra sus proyectos y del accionar del MARN.
Mark Billings, CEO de Central American Nickel (CAN), firma propietaria de Río Nickel, explicó que gestionaron las licencias de seis de los 10 proyectos mencionados en Lívingston, de los cuales dos son de explotación y cuatro de exploración.
Acompañado por otros ejecutivos de la compañía, refirió vía telefónica que lamentan los incidentes ocurridos el miércoles en el municipio, donde una persona resultó herida. Grupos comunitarios han realizado bloqueos desde el lunes 16, exigiendo la revocatoria de las licencias mineras.
El ejecutivo afirmó que Río Nickel es una empresa constituida en Guatemala y sujeta a todas las disposiciones normativas en materia de minería y ambiente. Señaló que la problemática se origina en la desinformación y en preocupaciones relacionadas con el agua o intereses particulares de terceros, sin mayores detalles.
Añadió que ya realizaron el proceso para las licencias ambientales, pero deben superar todos los filtros ante las autoridades competentes, como el Ministerio de Energía y Minas, entidad rectora de la actividad minera. Indicó que aún falta un largo proceso de comunicación y consulta con las comunidades indígenas en el área de influencia.
Respecto de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Ambiente y de las dos denuncias presentadas por esa institución, explicó que las cuatro solicitudes de exploración, según los términos de referencia del listado taxativo del MARN, corresponden a instrumentos de categoría C más PGA. Señaló que se trata de proyectos de bajo impacto, ya que las actividades de exploración generan un impacto ambiental reducido. En cuanto a los otros dos proyectos, clasificados como de explotación, estos corresponden a categoría B, por tratarse de proyectos formales de minería metálica.
El ejecutivo indicó que, inicialmente, fueron invitados a participar en las inspecciones de campo; sin embargo, al momento de realizarlas, las autoridades —según refirió— les sugirieron no asistir para evitar conflictos con las comunidades.
Aseguró que no han efectuado operaciones de explotación ni de exploración, y que están a la espera de la notificación oficial de las denuncias por parte de las autoridades correspondientes, para conocer su contenido y presentar las pruebas de descargo que correspondan.
Añadió que no han realizado ninguna actividad en el área que justifique ese tipo de denuncia. Explicó que el término “calicata” es una palabra técnica utilizada para describir un procedimiento de exploración, no de explotación.
En ese sentido, consideró que si la denuncia fue presentada con base en el artículo 346 del Código Penal, bajo el argumento de la existencia de una calicata, se trataría —a su criterio— de una contradicción por parte del denunciante, ya que las acciones que supuestamente están denunciando no encuadra en la definición legal de explotación ilegal.
Destacó que deben considerarse los antecedentes históricos del área, pues ha sido de interés minero desde la década de 1960, cuando la empresa Inco realizó exploraciones en diversas zonas del departamento, incluidas áreas donde actualmente están los nuevos proyectos, aún en trámite.
Agregó que entre 2004 y 2014, el Ministerio de Energía y Minas otorgó licencias de exploración a algunas empresas que realizaron actividades y, posiblemente, dejaron calicatas abandonadas. Reiteró que la compañía no ha llevado a cabo ninguna actividad de exploración, y mucho menos de explotación, en las áreas de las dos licencias señaladas. Por ello, esperan que, como parte del proceso de investigación, se requieran al Ministerio de Energía y Minas los antecedentes catastrales del área para demostrar que existieron actividades previas autorizadas.
Aclaró que la empresa inició sus solicitudes en 2017 y que actualmente se encuentra en un proceso administrativo, técnico, legal, ambiental y social para cumplir con todos los requisitos necesarios para obtener las licencias mineras.
Consultado sobre una posible revocatoria de licencias, informó que al inicio de esta semana fueron notificados sobre informes de inspección con resultados preliminares, los cuales están siendo analizados para presentar las pruebas de descargo.
El ejecutivo consideró necesario que el Ministerio de Ambiente consulte con otras instituciones para recabar información sobre el área, ya que —afirmó— las denuncias podrían estar motivadas por presiones sociales derivadas de intereses particulares en la zona. Advirtió que dicha presión podría inducir a las autoridades a cometer errores administrativos o legales que pudieran constituir delitos en el futuro.
Manifestó que la empresa se rige por las leyes guatemaltecas, que garantizan un sistema normativo y un Estado de derecho. Añadió que no pueden crearse delitos o procesos administrativos sin una base legal bien fundamentada.
Puso como ejemplo que la revocatoria de una resolución de un instrumento ambiental no puede efectuarse dos años después de su otorgamiento, ya que —según su criterio— no existe una figura legal que ampare tal decisión por parte del MARN sin vulnerar derechos.
Ministro de Gobernación denuncia presencia de personas armadas en disturbios en Lívingston, Izabalhttps://t.co/iUdLlzszzK
— Prensa Libre (@prensa_libre) June 19, 2025
Recalcó que, al igual que las comunidades tienen derechos, las empresas también los tienen y estos deben ser respetados, independientemente de la autoridad que ejerza la rectoría en ese momento.
Respecto de los materiales de interés en el área, detalló que se trata, principalmente, de óxido de hierro, níquel y otros elementos con valor económico y viabilidad para su explotación racional, conforme al artículo 124 de la Constitución Política de la República. En el caso de las licencias de explotación, estas fueron solicitadas para níquel y otros metales.
Sobre el informe de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (Amasurli), que advierte de riesgos para los nacimientos de agua, indicó que desconocen dicho documento, pero aseguró que la empresa es responsable y que ninguna actividad debería afectar el ambiente, el agua ni a las comunidades vecinas.
Afirmó que la empresa se integra de forma responsable al sistema productivo del departamento y del municipio, con el fin de generar condiciones económicas para las comunidades del área de influencia directa. Asimismo, afirmó que, cuando se les otorguen las licencias, trabajarán rigurosamente con el cumplimiento de las normas ambientales para evitar comprometer el agua, y que existen tecnologías modernas para desarrollar la actividad minera sin generar afectaciones.
Ambiente y Energía
El viceministro José Rodrigo Rodas explicó, la noche del miércoles, que durante las inspecciones se verificó si ya se habían iniciado operaciones propias de la actividad minera y si estas podrían causar daños al ambiente. Indicó que los proyectos no cuentan con licencia minera.
Recordó que, con las comunidades de Lívingston, se acordó que el MARN entregará la resolución del procedimiento administrativo el 30 de julio, ya que aún faltan pasos por concluir. La institución ofreció ampliar la información solicitada; sin embargo, no respondió.
Por su parte, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, consultada sobre las peticiones de las comunidades para cancelar las licencias —y sobre las afirmaciones de que el MARN ha ignorado sus solicitudes durante años— declaró en la radio La Red Noticias que, en abril, las comunidades expresaron su temor y preocupación por la existencia de 10 licencias ambientales para proyectos mineros en la Sierra Santa Cruz. Añadió que esta preocupación tiene mucha legitimidad, ya que en ese lugar nacen las fuentes de agua que abastecen a unas 54 comunidades.
Informó que los permisos ambientales fueron otorgados en noviembre de 2023, y que el ministerio actuó en dos vías: investigar si el proceso de otorgamiento fue manejado adecuadamente y realizar inspecciones de campo con el acompañamiento de una comisión de representantes comunitarios.
Señaló que los hallazgos se encuentran en análisis legal y que la institución no puede adelantar opinión. “Las comunidades lo que quieren es que anulemos la licencia y el ministerio hace dos cosas: uno, escuchar con atención a las comunidades, y dos, seguir el debido proceso. No podemos violentar los procesos legales. Lo que hay es mucha ansiedad porque quieren que anulemos esas licencias”, dijo Orantes.
Agregó que, el miércoles, se dieron dos situaciones: un diálogo cordial, facilitado por la Secretaría de Diálogo de la Presidencia, y, por otro lado, un grupo distinto que lanzaba piedras. Comentó que los manifestantes cruzaron vehículos, poncharon las llantas de unidades policiales y rompieron el vidrio del vehículo del viceministro.
Consideró que las investigaciones deben avanzar para esclarecer lo ocurrido.
El MEM respondió el jueves 19 de junio, mediante la oficina de Comunicación, que está comprometido con el estricto cumplimiento del marco legal vigente. Añadió que, debido a que se trata de un proceso en investigación, se reserva el derecho de brindar declaraciones para no interferir en las actuaciones legales. Asimismo, indicó que brindará el acompañamiento necesario, dentro de su competencia, en cumplimiento de la ley.
Lea además: En el Congreso ya hay tres iniciativas de ley que proponen una moratoria minera
En un comunicado, el MEM insistió en que no ha otorgado ninguna licencia de exploración o explotación minera a las empresas.
Explicó que el proceso de licenciamiento ante el MEM inicia con la solicitud que incluye la licencia ambiental aprobada por el MARN. Posteriormente, se realiza una revisión interna y, concluida esta, debe efectuarse una consulta a los pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La entidad manifestó que se mantiene atenta a los resultados del análisis sobre las licencias ambientales que se efectúa en el MARN.
Recuadro: Informe y expediente técnico
El cerro 1019, ubicado en la Sierra Santa Cruz, ha generado preocupación entre al menos 54 comunidades locales, debido a los posibles impactos de los proyectos mineros otorgados en 2023 por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Según un expediente técnico de 37 páginas, elaborado por integrantes de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce —entidad guatemalteca vinculada al MARN—, las 10 licencias mineras para exploración y explotación de níquel en el área entre El Estor y Lívingston amenazan recursos hídricos clave y ponen en riesgo medios de vida fundamentales para los habitantes.
Los pobladores sostienen su derecho a oponerse, al considerar que la Sierra Santa Cruz fue declarada área protegida en 2009 bajo la categoría de Reserva de Biosfera, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
Esa designación reconoce su alto valor ecológico por su biodiversidad única y por prestar servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación del agua y la conservación de suelos. En consecuencia, señalan que “la licencia no debió ser otorgada”.
Reabren negocios y retiran bloqueos en Lívingston; videos muestran situación tras disturbioshttps://t.co/HPS5eV8rR9
— Prensa Libre (@prensa_libre) June 19, 2025
Uno de los principales señalamientos del expediente técnico advierte que, de concretarse los proyectos extractivos, podría producirse contaminación del agua con metales pesados y residuos tóxicos, así como el riesgo de que se sequen riachuelos y nacimientos naturales. Estas fuentes son vitales para el consumo humano, la agricultura y la fauna silvestre, según el documento respaldado por el Cocode, basado en estudios.
El MARN coincidió en que “los estudios ambientales presentados por los proponentes no son concluyentes ni suficientes para garantizar la protección de los recursos hídricos”.
Esa misma preocupación ha sido compartida por autoridades locales y por comunidades directamente afectadas, que desde el 7 de abril mantienen bloqueos en la CA-13.
Entre las comunidades potencialmente impactadas figuran: Creek Maya, Plan Grande Quehueche, Río Zarco, San Juan, Chocón Machacas, La Cumbre, Sepur Zarco, Río Salado, San Lucas, Ana Antonio Sejá, así como barrios del área urbana y rural de Lívingston: El Centro, El Paraíso, La Cruz, El Milagro, La Cuchilla y Río Dulce.
Según la municipalidad, todas estas comunidades dependen del cerro para el abastecimiento de agua, la agricultura, la medicina tradicional y otros medios de subsistencia.
En actas comunitarias y consultas locales han manifestado su rechazo a toda actividad minera en la zona.
El expediente subraya que preservar esta área protegida no solo es una obligación legal, sino también un compromiso con la vida y el bienestar de miles de personas que han convivido con la montaña de forma sostenible por generaciones.
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) presentó dos denuncias penales contra dos proyectos mineros, luego de inspección. Comunitarios de Lívingston piden cancelación de licencias y empresa que impulsa seis proyectos dice que cumple con el proceso.
MARN presenta denuncias penales contra proyectos de minas, empresa minera rechaza señalamientos por posible explotación ilegal
El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) presentó dos denuncias penales contra dos proyectos mineros, luego de inspección. Comunitarios de Lívingston piden cancelación de licencias y empresa que impulsa seis proyectos dice que cumple con el proceso.
|
04:30h
Luego de tres días de bloqueo de carreteras en Lívingston en rechazo a la minería y disturbios el miércoles, ayer se mantenía la comunidad en tensión y presencia policial. (Foto, Prensa Libre: Óscar Vásquez).
Las denuncias fueron presentadas ante el Ministerio Público (MP) el 10 de junio de 2025. Según un documento proporcionado en Izabal, una denuncia se presentó contra el proyecto minero Santa Anita, ya que en la inspección ambiental se determinó la existencia de dos calicatas para exploración, realizadas mediante excavaciones en el suelo. Mientras que el proyecto Santa Anita II se localizaron cuatro calicatas.
Según datos del MEM, de los 10 proyectos referidos por el MARN, seis solicitudes corresponden a la compañía Río Nickel S.A.: Bongo, Santa Anita, Santa Anita II, Santa Anita III, Santa Cruz Caledonia y Coatepeque I.
Los otros cuatro proyectos pertenecen a Producciones del Atlántico, S. A.: Tzultaka, Tzultaka II, Tzultaka III y Tzultaka IV.
Postura de la empresa
La compañía Río Nickel expuso su postura respecto de las acciones de rechazo contra sus proyectos y del accionar del MARN.
Mark Billings, CEO de Central American Nickel (CAN), firma propietaria de Río Nickel, explicó que gestionaron las licencias de seis de los 10 proyectos mencionados en Lívingston, de los cuales dos son de explotación y cuatro de exploración.
Acompañado por otros ejecutivos de la compañía, refirió vía telefónica que lamentan los incidentes ocurridos el miércoles en el municipio, donde una persona resultó herida. Grupos comunitarios han realizado bloqueos desde el lunes 16, exigiendo la revocatoria de las licencias mineras.
El ejecutivo afirmó que Río Nickel es una empresa constituida en Guatemala y sujeta a todas las disposiciones normativas en materia de minería y ambiente. Señaló que la problemática se origina en la desinformación y en preocupaciones relacionadas con el agua o intereses particulares de terceros, sin mayores detalles.
Añadió que ya realizaron el proceso para las licencias ambientales, pero deben superar todos los filtros ante las autoridades competentes, como el Ministerio de Energía y Minas, entidad rectora de la actividad minera. Indicó que aún falta un largo proceso de comunicación y consulta con las comunidades indígenas en el área de influencia.
Respecto de las inspecciones realizadas por el Ministerio de Ambiente y de las dos denuncias presentadas por esa institución, explicó que las cuatro solicitudes de exploración, según los términos de referencia del listado taxativo del MARN, corresponden a instrumentos de categoría C más PGA. Señaló que se trata de proyectos de bajo impacto, ya que las actividades de exploración generan un impacto ambiental reducido. En cuanto a los otros dos proyectos, clasificados como de explotación, estos corresponden a categoría B, por tratarse de proyectos formales de minería metálica.
El ejecutivo indicó que, inicialmente, fueron invitados a participar en las inspecciones de campo; sin embargo, al momento de realizarlas, las autoridades —según refirió— les sugirieron no asistir para evitar conflictos con las comunidades.
Aseguró que no han efectuado operaciones de explotación ni de exploración, y que están a la espera de la notificación oficial de las denuncias por parte de las autoridades correspondientes, para conocer su contenido y presentar las pruebas de descargo que correspondan.
Añadió que no han realizado ninguna actividad en el área que justifique ese tipo de denuncia. Explicó que el término “calicata” es una palabra técnica utilizada para describir un procedimiento de exploración, no de explotación.
En ese sentido, consideró que si la denuncia fue presentada con base en el artículo 346 del Código Penal, bajo el argumento de la existencia de una calicata, se trataría —a su criterio— de una contradicción por parte del denunciante, ya que las acciones que supuestamente están denunciando no encuadra en la definición legal de explotación ilegal.
Destacó que deben considerarse los antecedentes históricos del área, pues ha sido de interés minero desde la década de 1960, cuando la empresa Inco realizó exploraciones en diversas zonas del departamento, incluidas áreas donde actualmente están los nuevos proyectos, aún en trámite.
Agregó que entre 2004 y 2014, el Ministerio de Energía y Minas otorgó licencias de exploración a algunas empresas que realizaron actividades y, posiblemente, dejaron calicatas abandonadas. Reiteró que la compañía no ha llevado a cabo ninguna actividad de exploración, y mucho menos de explotación, en las áreas de las dos licencias señaladas. Por ello, esperan que, como parte del proceso de investigación, se requieran al Ministerio de Energía y Minas los antecedentes catastrales del área para demostrar que existieron actividades previas autorizadas.
Aclaró que la empresa inició sus solicitudes en 2017 y que actualmente se encuentra en un proceso administrativo, técnico, legal, ambiental y social para cumplir con todos los requisitos necesarios para obtener las licencias mineras.
Consultado sobre una posible revocatoria de licencias, informó que al inicio de esta semana fueron notificados sobre informes de inspección con resultados preliminares, los cuales están siendo analizados para presentar las pruebas de descargo.
El ejecutivo consideró necesario que el Ministerio de Ambiente consulte con otras instituciones para recabar información sobre el área, ya que —afirmó— las denuncias podrían estar motivadas por presiones sociales derivadas de intereses particulares en la zona. Advirtió que dicha presión podría inducir a las autoridades a cometer errores administrativos o legales que pudieran constituir delitos en el futuro.
Manifestó que la empresa se rige por las leyes guatemaltecas, que garantizan un sistema normativo y un Estado de derecho. Añadió que no pueden crearse delitos o procesos administrativos sin una base legal bien fundamentada.
Puso como ejemplo que la revocatoria de una resolución de un instrumento ambiental no puede efectuarse dos años después de su otorgamiento, ya que —según su criterio— no existe una figura legal que ampare tal decisión por parte del MARN sin vulnerar derechos.
Ministro de Gobernación denuncia presencia de personas armadas en disturbios en Lívingston, Izabalhttps://t.co/iUdLlzszzK
— Prensa Libre (@prensa_libre)
Recalcó que, al igual que las comunidades tienen derechos, las empresas también los tienen y estos deben ser respetados, independientemente de la autoridad que ejerza la rectoría en ese momento.
Respecto de los materiales de interés en el área, detalló que se trata, principalmente, de óxido de hierro, níquel y otros elementos con valor económico y viabilidad para su explotación racional, conforme al artículo 124 de la Constitución Política de la República. En el caso de las licencias de explotación, estas fueron solicitadas para níquel y otros metales.
Sobre el informe de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce (Amasurli), que advierte de riesgos para los nacimientos de agua, indicó que desconocen dicho documento, pero aseguró que la empresa es responsable y que ninguna actividad debería afectar el ambiente, el agua ni a las comunidades vecinas.
Afirmó que la empresa se integra de forma responsable al sistema productivo del departamento y del municipio, con el fin de generar condiciones económicas para las comunidades del área de influencia directa. Asimismo, afirmó que, cuando se les otorguen las licencias, trabajarán rigurosamente con el cumplimiento de las normas ambientales para evitar comprometer el agua, y que existen tecnologías modernas para desarrollar la actividad minera sin generar afectaciones.
Ambiente y Energía
El viceministro José Rodrigo Rodas explicó, la noche del miércoles, que durante las inspecciones se verificó si ya se habían iniciado operaciones propias de la actividad minera y si estas podrían causar daños al ambiente. Indicó que los proyectos no cuentan con licencia minera.
Recordó que, con las comunidades de Lívingston, se acordó que el MARN entregará la resolución del procedimiento administrativo el 30 de julio, ya que aún faltan pasos por concluir. La institución ofreció ampliar la información solicitada; sin embargo, no respondió.
Por su parte, la ministra de Ambiente, Patricia Orantes, consultada sobre las peticiones de las comunidades para cancelar las licencias —y sobre las afirmaciones de que el MARN ha ignorado sus solicitudes durante años— declaró en la radio La Red Noticias que, en abril, las comunidades expresaron su temor y preocupación por la existencia de 10 licencias ambientales para proyectos mineros en la Sierra Santa Cruz. Añadió que esta preocupación tiene mucha legitimidad, ya que en ese lugar nacen las fuentes de agua que abastecen a unas 54 comunidades.
Informó que los permisos ambientales fueron otorgados en noviembre de 2023, y que el ministerio actuó en dos vías: investigar si el proceso de otorgamiento fue manejado adecuadamente y realizar inspecciones de campo con el acompañamiento de una comisión de representantes comunitarios.
Señaló que los hallazgos se encuentran en análisis legal y que la institución no puede adelantar opinión. “Las comunidades lo que quieren es que anulemos la licencia y el ministerio hace dos cosas: uno, escuchar con atención a las comunidades, y dos, seguir el debido proceso. No podemos violentar los procesos legales. Lo que hay es mucha ansiedad porque quieren que anulemos esas licencias”, dijo Orantes.
Agregó que, el miércoles, se dieron dos situaciones: un diálogo cordial, facilitado por la Secretaría de Diálogo de la Presidencia, y, por otro lado, un grupo distinto que lanzaba piedras. Comentó que los manifestantes cruzaron vehículos, poncharon las llantas de unidades policiales y rompieron el vidrio del vehículo del viceministro.
Consideró que las investigaciones deben avanzar para esclarecer lo ocurrido.
El MEM respondió el jueves 19 de junio, mediante la oficina de Comunicación, que está comprometido con el estricto cumplimiento del marco legal vigente. Añadió que, debido a que se trata de un proceso en investigación, se reserva el derecho de brindar declaraciones para no interferir en las actuaciones legales. Asimismo, indicó que brindará el acompañamiento necesario, dentro de su competencia, en cumplimiento de la ley.
Lea además: En el Congreso ya hay tres iniciativas de ley que proponen una moratoria minera
En un comunicado, el MEM insistió en que no ha otorgado ninguna licencia de exploración o explotación minera a las empresas.
Explicó que el proceso de licenciamiento ante el MEM inicia con la solicitud que incluye la licencia ambiental aprobada por el MARN. Posteriormente, se realiza una revisión interna y, concluida esta, debe efectuarse una consulta a los pueblos indígenas, conforme al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La entidad manifestó que se mantiene atenta a los resultados del análisis sobre las licencias ambientales que se efectúa en el MARN.
Recuadro: Informe y expediente técnico
El cerro 1019, ubicado en la Sierra Santa Cruz, ha generado preocupación entre al menos 54 comunidades locales, debido a los posibles impactos de los proyectos mineros otorgados en 2023 por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, durante el gobierno de Alejandro Giammattei.
Según un expediente técnico de 37 páginas, elaborado por integrantes de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Izabal y Río Dulce —entidad guatemalteca vinculada al MARN—, las 10 licencias mineras para exploración y explotación de níquel en el área entre El Estor y Lívingston amenazan recursos hídricos clave y ponen en riesgo medios de vida fundamentales para los habitantes.
Los pobladores sostienen su derecho a oponerse, al considerar que la Sierra Santa Cruz fue declarada área protegida en 2009 bajo la categoría de Reserva de Biosfera, según el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap).
Esa designación reconoce su alto valor ecológico por su biodiversidad única y por prestar servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación del agua y la conservación de suelos. En consecuencia, señalan que “la licencia no debió ser otorgada”.
Reabren negocios y retiran bloqueos en Lívingston; videos muestran situación tras disturbioshttps://t.co/HPS5eV8rR9
— Prensa Libre (@prensa_libre)
Uno de los principales señalamientos del expediente técnico advierte que, de concretarse los proyectos extractivos, podría producirse contaminación del agua con metales pesados y residuos tóxicos, así como el riesgo de que se sequen riachuelos y nacimientos naturales. Estas fuentes son vitales para el consumo humano, la agricultura y la fauna silvestre, según el documento respaldado por el Cocode, basado en estudios.
El MARN coincidió en que “los estudios ambientales presentados por los proponentes no son concluyentes ni suficientes para garantizar la protección de los recursos hídricos”.
Esa misma preocupación ha sido compartida por autoridades locales y por comunidades directamente afectadas, que desde el 7 de abril mantienen bloqueos en la CA-13.
Entre las comunidades potencialmente impactadas figuran: Creek Maya, Plan Grande Quehueche, Río Zarco, San Juan, Chocón Machacas, La Cumbre, Sepur Zarco, Río Salado, San Lucas, Ana Antonio Sejá, así como barrios del área urbana y rural de Lívingston: El Centro, El Paraíso, La Cruz, El Milagro, La Cuchilla y Río Dulce.
Según la municipalidad, todas estas comunidades dependen del cerro para el abastecimiento de agua, la agricultura, la medicina tradicional y otros medios de subsistencia.
En actas comunitarias y consultas locales han manifestado su rechazo a toda actividad minera en la zona.
El expediente subraya que preservar esta área protegida no solo es una obligación legal, sino también un compromiso con la vida y el bienestar de miles de personas que han convivido con la montaña de forma sostenible por generaciones.
ESCRITO POR:
Rosa María Bolaños
Periodista de Prensa Libre especializada en medios escritos y radiales en temas de energía eléctrica, empleo, impuestos, empresas y negocios con más de 20 años de experiencia.
Andrea Domínguez
Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Economía
