Guatemala
OEA expresa preocupación por candidatura de Consuelo Porras a la Corte de Constitucionalidad
La Misión Especial de la OEA expresó su preocupación por la posible designación de Consuelo Porras como magistrada de la CC, en un proceso en el Consejo Superior Universitario de la USAC que califica como débil y de riesgo constitucional.
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La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, entregó su expediente en la Universidad de San Carlos de Guatemala para la elección a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).
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La Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que da seguimiento a los procesos de elección de segundo grado que se realizan en Guatemala, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la postulación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031.
La misión señala que el proceso de designación, a cargo del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CSU), se desarrolla en un contexto institucional “debilitado” y que podría generar una “crisis de legitimidad”, así como futuros conflictos constitucionales.
Entre los principales aspectos que destaca la misión de la OEA, figura que el CSU aún no se ha renovado, pese a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena su conformación. En este sentido, señala que cualquier designación hecha por este órgano, en su estado actual, carece de plena legitimidad.
La misión concuerda en que el Consejo Permanente de la OEA, en su resolución de diciembre del 2023, condenó el abuso de poder del Ministerio Público bajo el “liderazgo” de Porras, y calificó sus acciones como “desestabilizadoras” y “atentatorias contra el orden democrático”.
También indica que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han documentado que, durante la gestión de Porras, se ha dado un patrón de criminalización contra operadores de justicia (jueces y fiscales), defensores de derechos humanos, periodistas, autoridades indígenas y líderes de la sociedad civil. Además, resalta que más de 50 personas han sido forzadas al exilio a consecuencia de estos procesos.
En este sentido, la misión enfatiza que los procesos para la designación de las autoridades de la CC deben basarse en criterios objetivos de idoneidad, probidad, independencia e integridad. Además, considera que la evaluación de los postulantes a estos cargos debe ser pública, transparente y rigurosa, tomando en cuenta su conducta funcional, respeto a los derechos humanos e impacto institucional en la democracia.
Advertencia sobre las consecuencias
La misión subraya que la legitimidad y autoridad moral de la Corte de Constitucionalidad dependerán de que el órgano postulante, en este caso el CSU, pondere con seriedad los antecedentes señalados. También advierte que una designación que ignore estas “graves advertencias” podría dañar la credibilidad de la máxima corte constitucional del país.
Bajo este criterio, la misión hace un llamado a la responsabilidad de todos los actores, al respeto del orden constitucional y a que se asuma un compromiso con la democracia y los derechos humanos. Finalmente, indica que se continuará dando seguimiento y observancia a este proceso de designación en la Corte de Constitucionalidad.
La misión hace énfasis en que no prejuzga la candidatura de Porras, pero exige un escrutinio excepcionalmente riguroso de su postulación, dada la condena expresa del máximo órgano político de la organización a su gestión al frente del Ministerio Público por acciones que han socavado la democracia y el Estado de derecho.
Finalmente, la misión concluye que la designación debe ser transparente y considerar integralmente estos graves señalamientos internacionales.
Prensa Libre contactó al Ministerio Público para una postura institucional o de la fiscal Porras en relación al comunicado de la OEA, pero no han respondido.
La Misión Especial de la OEA expresó su preocupación por la posible designación de Consuelo Porras como magistrada de la CC, en un proceso en el Consejo Superior Universitario de la USAC que califica como débil y de riesgo constitucional.
Guatemala
OEA expresa preocupación por candidatura de Consuelo Porras a la Corte de Constitucionalidad
La Misión Especial de la OEA expresó su preocupación por la posible designación de Consuelo Porras como magistrada de la CC, en un proceso en el Consejo Superior Universitario de la USAC que califica como débil y de riesgo constitucional.
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La fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras, entregó su expediente en la Universidad de San Carlos de Guatemala para la elección a magistrados de la Corte de Constitucionalidad. (Foto Prensa Libre: Byron Baiza).
La Misión de la Organización de Estados Americanos (OEA), que da seguimiento a los procesos de elección de segundo grado que se realizan en Guatemala, emitió un comunicado en el que expresa su preocupación por la postulación de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, como magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad (CC) para el periodo 2026-2031.
La misión señala que el proceso de designación, a cargo del Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala (CSU), se desarrolla en un contexto institucional “debilitado” y que podría generar una “crisis de legitimidad”, así como futuros conflictos constitucionales.
Entre los principales aspectos que destaca la misión de la OEA, figura que el CSU aún no se ha renovado, pese a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad (CC) que ordena su conformación. En este sentido, señala que cualquier designación hecha por este órgano, en su estado actual, carece de plena legitimidad.
La misión concuerda en que el Consejo Permanente de la OEA, en su resolución de diciembre del 2023, condenó el abuso de poder del Ministerio Público bajo el “liderazgo” de Porras, y calificó sus acciones como “desestabilizadoras” y “atentatorias contra el orden democrático”.
También indica que organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA y la Organización de Naciones Unidas (ONU) han documentado que, durante la gestión de Porras, se ha dado un patrón de criminalización contra operadores de justicia (jueces y fiscales), defensores de derechos humanos, periodistas, autoridades indígenas y líderes de la sociedad civil. Además, resalta que más de 50 personas han sido forzadas al exilio a consecuencia de estos procesos.
En este sentido, la misión enfatiza que los procesos para la designación de las autoridades de la CC deben basarse en criterios objetivos de idoneidad, probidad, independencia e integridad. Además, considera que la evaluación de los postulantes a estos cargos debe ser pública, transparente y rigurosa, tomando en cuenta su conducta funcional, respeto a los derechos humanos e impacto institucional en la democracia.
Advertencia sobre las consecuencias
La misión subraya que la legitimidad y autoridad moral de la Corte de Constitucionalidad dependerán de que el órgano postulante, en este caso el CSU, pondere con seriedad los antecedentes señalados. También advierte que una designación que ignore estas “graves advertencias” podría dañar la credibilidad de la máxima corte constitucional del país.
Bajo este criterio, la misión hace un llamado a la responsabilidad de todos los actores, al respeto del orden constitucional y a que se asuma un compromiso con la democracia y los derechos humanos. Finalmente, indica que se continuará dando seguimiento y observancia a este proceso de designación en la Corte de Constitucionalidad.
La misión hace énfasis en que no prejuzga la candidatura de Porras, pero exige un escrutinio excepcionalmente riguroso de su postulación, dada la condena expresa del máximo órgano político de la organización a su gestión al frente del Ministerio Público por acciones que han socavado la democracia y el Estado de derecho.
Finalmente, la misión concluye que la designación debe ser transparente y considerar integralmente estos graves señalamientos internacionales.
Prensa Libre contactó al Ministerio Público para una postura institucional o de la fiscal Porras en relación al comunicado de la OEA, pero no han respondido.
ESCRITO POR:
Carlos Gómez
Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y electorales.
Con experiencia periodística de 20 años en medios escritos, televisivos y radiales.
ARCHIVADO EN:
Prensa Libre | Guatemala
