La transformación digital del Estado requiere de una voluntad política expresa de los tres poderes del Estado y debe contar con una autoridad central, un marco regulatorio adecuado y la asignación de recursos suficientes. 

Desde hace algunos años Guatemala inició el recorrido de modernización y digitalización de las instituciones públicas, cada una a su ritmo, el cual, de la misma forma que el resto de los países del mundo se vio acelerado con motivo de la pandemia. Entre las instituciones precursoras en este campo podemos mencionar el Registro Nacional de Personas, que podría asumir el liderazgo implementado la identidad digital, y, la Superintendencia de Administración Tributaria, ambas instituciones iniciaron a compartir datos y a generar servicios para los ciudadanos en forma electrónica mucho antes del covid-19.

De igual forma la aprobación de la Ley de Simplificación de Trámites y Requisitos Administrativos, así como la implementación del modelo de ventanillas únicas ha venido a modificar la forma de acceder a los servicios, sobre todo aquellos dedicados a la facilitación del comercio. Sin embargo, todos estos avances, requieren de la estandarización de la forma de compartir información entre instituciones, de formas amigables en que el ciudadano accede a la información o bien de la estandarización de la forma en que se visualiza la información, es decir adaptar los procedimientos administrativos a la experiencia ciudadana y no al revés como ocurre hoy.

Priorizar las necesidades del ciudadano, en la forma de cómo accede a la información y a los servicios públicos requiere que Guatemala cuente con una autoridad rectora en materia de transformación digital, una institución que ejerza liderazgo y coordinación en la implementación de políticas públicas digitales. Esto permitiría una mayor eficiencia, transparencia y rendición de cuentas en la gestión pública.

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Una autoridad central o rectora en transformación digital, creada por el Congreso de la República, es fundamental para implementar lo las siguientes acciones: a) Crear un marco normativo a nivel reglamentario, identificar y estandarizar el uso de la tecnología y las buenas prácticas, y en general proponer regulaciones que permitan la implementación efectiva de la transformación digital; b) Contribuir en el desarrollo de infraestructura digital para mejorar la conectividad y la infraestructura tecnológica para que todos los ciudadanos puedan acceder a servicios públicos digitales; c)  Fomentar la participación ciudadana, de manera que la transformación digital sea más incluyente; y, d) contribuir al desarrollo económico, mediante el impulso de la creación de empleos en el sector tecnológico e impactando en la atracción de inversión extranjera.

Diferentes sectores productivos requieren de mucha agilidad en sus procesos, es importante que los ministerios o entes reguladores cuenten con trámites automatizados y digitalizados para que los procesos de las empresas sean más ágiles. Por ejemplo, en Singapur se puede habilitar una empresa en 3 horas mientras que en Guatemala el tiempo es de 4,870 horas. Pensemos en las MIPYMES, en los emprendedores que están en el área rural o en los proyectos de inversión extranjera que se verían altamente beneficiados con el acceso a todos los servicios públicos en forma digital.

Una autoridad rectora en transformación digital es esencial para que Guatemala pueda aprovechar al máximo las oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales. En la región latinoamericana nos aventajan otros países que cuentan con esta autoridad desde hace muchos años ya, dentro de los que podemos citar: Costa Rica con la Comisión de Alto Nivel de Gobierno Digital del Bicentenario; El Salvador con la Secretaría de Innovación de la Presidencia; Uruguay con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic); modelos existen, y se han realizado múltiples estudios comparativos a disposición de las autoridades, falta que se tomen las decisiones legislativas del rumbo que se ha de seguir.

Sobre una ley marco, debemos destacar la importancia, de esta no solo porque establece la autoridad rectora a la que nos hemos referido sino porque además fija las pautas generales para la interoperabilidad de las diferentes plataformas digitales utilizadas por organismos de Estado, el ecosistema de justicia por ejemplo, entidades autónomas y descentralizadas, en síntesis entre las diversas entidades gubernamentales; aspectos de generales del uso de firma electrónica por los funcionarios públicos, los mecanismos de retroalimentación por el usuario final a las instituciones y estandarización de tecnologías.

Sobre la asignación de recursos, expertos extranjeros han expuesto, en diferentes foros públicos realizados durante 2024, que la más clara expresión de voluntad política se ve reflejada en las asignaciones presupuestarias efectivamente implementadas en planes y proyectos derivados de una agenda digital de país, en la que confluye la acción de tanto del sector público como diferentes actores de la sociedad. La importancia de contar con recursos financieros para la transformación digital de un país es primordial por varias razones, pero principalmente porque se necesita el desarrollo de una infraestructura sólida, contar con sistemas de almacenamiento en la nube y sobre todo para mejorar la conectividad  para reducir la brecha de población que no tiene acceso a la misma, debiendo invertir en educación para desarrollar habilidades digitales en la población y aumentado las posibilidades de educación en línea. Así mismo, la inversión se debe dirigir al fortalecimiento a nivel nacional en materia de ciberseguridad creando las instancias de respuesta a posibles ataques, así como la protección de infraestructura crítica.

En resumen, contar con recursos financieros para la transformación digital es básico para impulsar la innovación, mejorar la educación y la capacitación, fortalecer la ciberseguridad, promover la inclusión digital y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

La transformación digital del país es una tarea en la que contribuimos todos, es una transformación cultural que requiere compromiso, colaboración y visión de largo plazo, pero estoy convencida de que podemos construir ese estado digital, donde los servicios públicos sean accesibles, eficientes y transparentes, en donde cada uno de estos procedimientos automatizados, contribuyen a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones, al fortalecimiento de la seguridad jurídica en el país. 

La autora es coordinadora del Eje de Certeza Jurídica en Guatemala No Se Detiene

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