El acuerdo de cooperación vigente entre Guatemala y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (Usace) contempla la ampliación del muelle comercial de la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), en el Pacífico; el diseño de un tren de carga desde esa terminal hacia las afueras de Escuintla, y la intervención de seis tramos carreteros.

Este programa, en su fase de análisis, estudios y factibilidad técnica y financiera, garantiza el diseño de obras para responder a la demanda de infraestructura, señalada de forma recurrente por los usuarios.

Como parte del marco de cooperación bilateral establecido en febrero del 2025, se mantiene una carta de aceptación (LOA, por sus siglas en inglés) entre el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala y Usace para dar seguimiento a estos proyectos de gran envergadura y el último fue suscrito el pasado 15 de enero.

Los procesos deberán mostrar avances significativos y acelerarse en los próximos 24 meses, periodo en el que la actual administración gubernamental se encuentra a mitad de su gestión.

Acuerdo activa inversión logística

Bajo esos proyectos de mediano y largo alcance con el Usace se consultó a representantes de diversos sectores productivos, si ¿estos proyectos pueden atender la demanda en infraestructura?

Gabriela Roca, vicepresidenta de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), declaró que estos forman parte de una cartera más amplia. Ejemplificó que, desde la iniciativa Guatemala No Se Detiene (GNSD), se cuenta con una cartera de 106 proyectos, con un capex de US$8 mil 900 millones, lo que representa el 7.4% del PIB.

Con la firma del acuerdo con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU., los ministerios de la Defensa Nacional y de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) podrán contar con capacidades adicionales para desarrollar estudios de preinversión necesarios, tanto para los seis proyectos de infraestructura vial presentados como para los estudios iniciales del tren de carga entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) y Escuintla. El objetivo es mejorar la logística, ampliar la capacidad portuaria y agilizar la inversión pública.

Diseños deben convertirse en obras

Herlindo Herrera, director de la Gremial Logística, adscrita a la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que estos proyectos atienden parte de la demanda del sector productivo en cuanto a la planificación técnica de infraestructura crítica.

“El acuerdo permite desarrollar estudios, análisis y diseños de carreteras prioritarias y de un corredor ferroviario estratégico, lo que sienta bases sólidas para mejorar la conectividad, reducir cuellos de botella logísticos y contribuir a la competitividad del país en el mediano y largo plazo”, precisó.

Agregó que el impacto en la operatividad real —reducción de tiempos de transporte, mayor capacidad de carga, disminución de costos logísticos, entre otros— dependerá de que estos diseños se conviertan en obras ejecutadas en el futuro.

Convenio no cubre toda la demanda

José Andrés Ardón, director ejecutivo de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC) expuso que los proyectos anunciados son importantes y estratégicos, sobre todo para mejorar la movilidad en zonas con alto flujo de personas y carga, y para fortalecer corredores clave del interior del país.

Entonces intervenciones de este tipo contribuyen a reducir costos de traslado, mejorar la conectividad y habilitar nuevas oportunidades para el desarrollo industrial, comercial e inmobiliario.

No obstante, aclaró Ardón que dada la magnitud del rezago en infraestructura que se enfrenta, estos proyectos deben entenderse como un buen inicio, pero no como una solución suficiente para atender toda la demanda existente. “La necesidad de contar con vías alternas, circunvalaciones, nuevas carreteras y una mejora sustancial en la calidad de la red vial sigue siendo urgente”, afirmó.

En ese sentido, el valor estratégico del convenio también debe medirse por su capacidad de generar transferencia de conocimientos y fortalecimiento institucional, de manera que el país pueda escalar este tipo de proyectos utilizando herramientas ya disponibles como la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y los esquemas de alianzas público-privadas.

Piden continuidad en inversión vial

Desde una perspectiva técnica, Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), indicó que estos proyectos contribuirán a mejorar indicadores clave para el sector productivo, aunque deben entenderse como una etapa inicial dentro de un esfuerzo de mayor alcance.

A su juicio, se atienden demandas puntuales y estratégicas. Los componentes del acuerdo, como la mejora de carreteras prioritarias, los viaductos y los estudios para integrar un sistema ferroviario con Puerto Quetzal, responden a necesidades reales del sector productivo:

• Reducir costos logísticos y tiempos de transporte, lo que favorece exportaciones e importaciones.
• Mejorar la conectividad entre puertos y centros productivos, clave para la competitividad del país.

Remarcó que estas mejoras se alinean con brechas conocidas en infraestructura física que afectan la productividad y el comercio, al facilitar el movimiento de bienes, servicios y personas.

La mejora de carreteras estratégicas, accesos portuarios y la planificación ferroviaria contenida en este acuerdo puede reducir tiempos de traslado, consumo de combustible y pérdidas operativas, lo cual impacta directamente en la productividad de las empresas.

“El acuerdo representa un paso positivo y estratégico, con impactos medibles en costos logísticos, competitividad y comercio, pero su verdadero potencial se alcanzará si se integra dentro de una visión de largo plazo, con continuidad en la inversión, participación del sector privado y una agenda integral de infraestructura”, añadió Font.

Otra de las visiones de los consultados, es sobre, que es lo que se hace falta completar o las siguientes fases en tema de infraestructura.

Piden ejecutar agenda logística

Para Herlindo Herrera, de la Gremial Logística de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), el siguiente paso es avanzar de la planificación a la ejecución.

Reconoce que, si bien el acuerdo fortalece la calidad técnica de los proyectos, será necesario asegurar el financiamiento para su construcción, definir esquemas eficientes de contratación y ejecución, y profundizar la integración multimodal entre carreteras, puertos y ferrocarril, para que los beneficios se traduzcan en mayor productividad y menores costos logísticos.

Esto permitiría que la planificación se traduzca en mejoras tangibles para la logística y el sector productivo.

José Andrés Ardón, de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), declaró que uno de los principales pendientes es la implementación del Plan de Movilidad para el Área Metropolitana de Guatemala, elaborado con apoyo de la cooperación internacional. Dicho plan identifica intervenciones clave en distintos municipios del departamento de Guatemala para mejorar la movilidad hacia y desde el principal nodo donde convergen las vías más importantes del país.

Atender la congestión metropolitana no es solo un asunto urbano, sino un factor crítico para la productividad nacional, dado que en esta área se concentra una parte significativa de la actividad económica, logística y laboral.

Paralelamente, indicó que es indispensable enfrentar de manera urgente la crisis portuaria. Esto requiere una reforma al modelo actual de gestión, orientada a mejorar la eficiencia, la gobernanza e incentivar inversiones públicas y privadas. Una infraestructura portuaria moderna y competitiva tiene un impacto directo en los costos de exportación e importación, así como en la atracción de inversiones.

Gabriela Roca, de Fundesa, consideró que el Gobierno debe cumplir con la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria y ejecutar los fondos que se le deben trasladar, además de lograr la contratación de la gerente con base en un salario de mercado, como lo establece la ley.

También debe emitir el reglamento e iniciar los estudios de evaluación de la red vial prioritaria, los cuales deben estar finalizados antes de abril de este año. “Estos atrasos están limitando la capacidad del Estado de contar con más y mejores carreteras y fomentar la productividad del país”, señaló.

Rotación ministerial retrasa obras

Los consultados también hicieron un balance del cierre de la actual administración en materia de infraestructura.

Gabriela Roca, de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), aseguró que ha habido serios atrasos, lo cual también se evidencia en el informe presidencial. Entre las causas mencionó la alta rotación de funcionarios: cinco ministros en menos de dos años, entre otros factores.

A su juicio, si se implementa la Dirección de Infraestructura Pública Prioritaria (Dipp) y se prioriza el impulso a las alianzas público-privadas, estos proyectos —y la participación de más empresas nacionales e internacionales, compitiendo de forma transparente por ampliar y mejorar la infraestructura productiva del país— podrían contribuir a aumentar la inversión pública, que actualmente es una de las más bajas del mundo: apenas el 1.6% del PIB.

“Esta debería ser la prioridad del Gobierno para los próximos dos años que le quedan de gestión”, añadió.

Gobierno puede dejar legado técnico

Para Herlindo Herrera, de la Gremial Logística de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), la actual administración puede culminar su gestión con un portafolio de proyectos estratégicos técnicamente estructurados y desarrollados bajo estándares internacionales.

Aunque esto no implica la finalización de obras físicas de gran escala —dado que la fase de construcción requiere financiamiento y plazos que exceden el periodo de gobierno—, sí permitiría mejorar la planificación y dejar proyectos mejor preparados para su eventual ejecución en fases posteriores.

Desde una perspectiva económica, este proceso contribuiría a ordenar el portafolio de inversión en infraestructura.

El reto es ejecutar

Desde la perspectiva de José Andrés Ardón, de la Cámara Guatemalteca de la Construcción (CGC), el país cuenta actualmente con diagnósticos, planes y acompañamiento internacional suficientes para avanzar en una agenda estratégica de infraestructura. En ese contexto, el principal desafío para la actual administración es demostrar, en el corto plazo, capacidad de ejecución efectiva.

Avanzar en proyectos prioritarios y mostrar resultados concretos será clave no solo para mejorar la competitividad del país, sino también para impulsar el crecimiento económico y social, ampliar el acceso a oportunidades y recuperar la confianza del sector productivo y de la ciudadanía.