Luego de la designación de Claudia Lucrecia Cáceres Maldonado, hace una semana, por el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (Micivi) como la primera gerente de la Dipp, debe seguirse el proceso administrativo para que entre en operación, en sus diferentes fases, la nueva entidad, lo que incluye la dotación de recursos financieros por parte del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Para ello, se requiere una serie de procesos para que el Minfin registre en los sistemas contables a la nueva entidad, así como el desembolso de los recursos asignados para este ejercicio fiscal, establecidos en el Decreto 29-2024, Ley de Infraestructura Vial Prioritaria.

Los resultados de la Dipp se verán reflejados a mediano plazo. Los primeros proyectos de licitación se ubican en un periodo de dos años, y se espera que la ejecución concluya en cinco años.

Desde el punto de vista de la administración pública, la creación de la nueva entidad involucra una serie de gestiones y el desarrollo de herramientas para su ejecución, como la elaboración de manuales especiales y clasificaciones presupuestarias específicas por parte del Minfin y el Micivi.

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Es algo que cuesta atender con la debida atención política. La persona que nombraron tiene las capacidades. No veo señales de alarma, aunque sí percibo que la administración está abrumada; ahora dependerá de la gerente y del liderazgo que reciba, sobre todo del Minfin y del Micivi, advirtió Julio Héctor Estrada Domínguez, presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República.

Proceso complejo

El legislador, quien también fue ministro de Finanzas, reconoció que la estructuración administrativa de la Dipp es compleja, por lo que se requiere generar categorías de pasivos contingentes, garantías especiales y una serie de conceptos financieros que deben regularse.

Estrada Domínguez citó que un equipo técnico debería estar tratando esos temas, pero se encuentra enfocado en otros asuntos. Recalcó que, en el contexto de todo lo que está ocurriendo, no hay ninguna persona que asuma esa estrategia o diga “ese proyecto es mío”.

Para efectuar los desembolsos a la Dipp y que esta comience a operar, es necesario que el Minfin cree el código administrativo de la institución y su clasificación contable, proceso que puede tardar hasta 90 días. Esto supondría que los recursos se recibirán en septiembre.

Sin recursos, no se puede contratar personal ni realizar estudios; sin embargo, se cumplió con los plazos de la designación, apuntó.

Autoridad desconcentrada

El parlamentario recordó que la Dipp será una entidad desconcentrada, y ejemplificó que funcionará de manera similar a la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE).

Aclaró que los recursos financieros estarán asignados en el Micivi dentro del presupuesto estatal, pero contará con autoridad de decisión, ingresos privativos y asignaciones específicas como una unidad dentro de ese ministerio.

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«Eso depende de un tema de liderazgo. Si se le asignó al ministro de Comunicaciones, debe tener una estrategia para generar proyectos de gran envergadura», concluyó Estrada Domínguez.

La Dipp debería de haber recibido en el primer semestre Q10 millones para un fondo operativo y otros Q20 millones para el fondo de infraestructura.

Pasos por seguir

Estas son algunas de las tareas que deberá ejecutar la Dipp conforme a la ley:

Primera evaluación de la infraestructura vial prioritaria (IVP):

• Los integrantes del Directorio de la Dipp definirán los estándares internacionales para la evaluación del estado de la infraestructura vial prioritaria en julio.
• Se efectuarán contrataciones, licitaciones o convenios para realizar la primera evaluación del estado de dicha infraestructura, a cargo de la gerente, en noviembre.
• Procedimientos en Guatecompras como uso de normas, formularios electrónicos, módulos específicos y procedimientos para 2 de enero 2026.

Fundesa alerta sobre obstáculos

Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), declaró que hay preocupación, ya que han detectado que la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios se encuentra en proceso de inscripción en el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin).

Explicó que se enfrenta una limitación estructural, ya que los manuales institucionales únicamente reconocen la figura de institución desconcentrada, la cual no garantiza la independencia funcional, económica, financiera, técnica y administrativa que el Congreso de la República le otorgó expresamente.

A su juicio, esta clasificación reducida podría desnaturalizar el mandato legislativo, forzando a la Dirección a operar bajo los procedimientos tradicionales del Estado, lo que comprometería su capacidad para ejecutar contratos con modelos ágiles, gestionar derechos de vía y garantizar el pago oportuno de obligaciones.